En medio del debate sobre el voto obligatorio, el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL) -entidad a cargo de cursar las infracciones por no votar- manifestó su preocupación por las discusiones que ha llevado el Congreso Nacional sobre la aplicación de multas en el voto obligatorio.

En concreto, el proyecto que se discute en el Parlamento fijaba una multa entre $34 y $206 mil por no votar en elecciones. La reforma en cuestión propone multar solo a los ciudadanos chilenos que no concurrieran a las urnas, excluyendo de la sanción a los extranjeros habilitados para votar.

En ese marco, desde el INJPL advirtieron que los Juzgados de Policía Local “enfrentan una grave falta de recursos humanos y materiales”, remarcando que “notificar infractores, realizar audiencias y cobrar multas ya es un desafío”.

En este escenario, indicaron que la incorporación de nuevas causas vinculadas al incumplimiento del voto obligatorio “colapsaría el sistema”.

“Colapso que significa un uso ineficiente de los recursos materiales y humanos del Estado, ante la falta de una sanción eficaz”, sostienen.

El presidente de INJPL y juez de la comuna de Lampa, Francisco Ríos, explicó que “un voto obligatorio sin sanción eficaz termina siendo, en la práctica, un voto voluntario, a ello se suma la dificultad de ejecutar las sanciones: gran parte de los infractores nunca paga la multa y las órdenes de reclusión por sustitución o apremio suelen fracasar, transformando la sanción en letra muerta”.

En ese escenario, plantearon que el debate “debe ir más allá de la simple fijación de multas”, por ello presentaron dos propuestas:

Registro público de no votantes

Esta idea busca “limitar el acceso a beneficios estatales, subsidios o trámites como renovación de licencia de conducir, certificados de antecedentes a quienes no cumplan con su deber electoral. De este modo, la sanción se aplicaría automáticamente, sin recargar a los Juzgados".

Más recursos o reasignación de funciones

Los jueces también proponen “traspasar las multas para su cobro administrativo al Servicio Electoral (Servel) o en su defecto fortalecer y dotar a los Juzgados de Policía Local de los materiales y recursos necesarios para enfrentar esta carga adicional“.