El gobierno de Cristina Kirchner redobló la disputa con la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, dominante en el mercado local, y no descarta una nacionalización al acusarla de falta de inversiones que obligaron a Buenos Aires a importar combustibles por unos US$9.000  millones en 2011.

En una nueva escalada en el conflicto, el directorio Repsol YPF reunido el miércoles en Buenos Aires, rechazó una propuesta del gobierno de crear un fondo para incrementar la producción y en cambio votó pagar dividendos a partir de las utilidades remanentes de 2010 y la totalidad de 2011 por US$1.321,6 millones.

El gobierno advirtió que si Repsol YPF no presenta planes de aumento de la  producción, podría reestatizar la empresa privatizada en los años 90, aunque según analistas, parece difícil porque tendría negativas repercusiones  internacionales.

"Es difícil que se produzca una nacionalización porque es complicado a  nivel internacional. El gobierno se da cuenta que si encara una nacionalización hostil, el problema no será sólo con España sino con el conjunto de la Unión  Europea", dijo a la AFP Daniel Montanat, exsecretario argentino de Energía.

Según Montanat, el gobierno "quiere presionar, pero le empieza a preocupar la opinión internacional".

La decisión adoptada por el directorio de la compañía queda ahora a consideración de la Asamblea de Accionistas convocada para el 25 de abril.

Repsol YPF, privatizada en los '90, es el mayor productor de hidrocarburos  de Argentina, el primer contribuyente fiscal y es líder en el mercado de  combustible con el control del 52% de la capacidad de la refinación.

"La reestatización no es una solución, aún si se hiciera legalmente. De  todos modos el Estado no tiene recursos y se necesitan capitales extranjeros.  Igual pase lo que pase se seguirá importando por cuatro o cinco años más. Las  inversiones (en el sector) se planifican en función de 20 o 30 años", advirtió  Francisco Mezzadri, experto en temas energéticos, a la AFP.

En tanto, Jorge Lapeña, exsecretario de Energía del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), dijo a la AFP no creer que la iniciativa de reestatización sea viable porque el gobierno de Kirchner "no tiene ningún plan, los  funcionarios están desorientados, y ocasionarían un gran daño a la empresa e indirectamente a todo el sector".

La agencia internacional de calificación financiera Fitch sostuvo el martes en un comunicado que la intervención del gobierno argentino en la producción de gas y petróleo del país puede hacer pagar un "alto precio" a Repsol YPF y no  descartó una nacionalización de la empresa.

En las dos últimas semanas, tres provincias productoras de petróleo le han cancelado la concesión a YPF de un total de seis áreas de exploración y explotación, luego de acusar a la compañía de no cumplir las inversiones pactadas.

Mezzadri, presidente de YPF a finales de los 80, considera que la pugna genera un clima de incertidumbre entre las compañías del sector, las que en ese marco tienden a retraer sus inversiones concentrándose sólo en los yacimientos existentes.

En ese panorama las petroleras "sobreexplotan lo que ya tienen en producción y no hacen nuevas inversiones para explorar. Si el yacimiento está maduro, la producción es declinante", señaló.

Un reciente documento de diez provincias argentinas con producción  hidrocarburífera indicó que "la caída de producción de petróleo y gas en el  país registrada en los últimos diez años es del orden de 18% y 11%,  respectivamente, asociada a niveles de inversión directa insuficiente".