YA CONOCIDO el fallo de la Corte Internacional de Justicia, Chile y Perú deben acordar la manera en que éste será implementado, lo cual debe hacerse con estricto apego a lo sostenido por el tribunal. Es necesario que el actual y el próximo gobierno actúen en esta materia siguiendo la tradición de apego al derecho internacional que caracteriza la política exterior del Estado de Chile, a la  vez que preservando el interés nacional.

Gracias a un criterio de dudosa juridicidad, el dictamen de La Haya fijó un nuevo límite marítimo entre Chile y Perú, estableciendo que éste corre por 80 millas a lo largo del paralelo que cruza el Hito Nº 1 de demarcación fronteriza terrestre, para luego quebrarse en una línea equidistante hasta la milla 200. Al obrar de esta forma, la CIJ transfirió a Perú una superficie de 22 mil kilómetros cuadrados de mar cuyos derechos de explotación económica controlaba Chile. Este último, como signatario de la Convención del Derecho del Mar (Convemar) de 1982, reconocía esa extensión de aguas como Zona Económica Exclusiva, lo cual le entregaba derechos de explotación sobre ellas, su lecho marino y subsuelo, pero no le otorgaba los privilegios que dicha convención reconoce al Mar Territorial, el cual se interna desde la costa por 12 millas en el océano y en el que ejerce absoluta soberanía. Perú, en cambio, no ha firmado la Convemar y su legislación interna afirma que tiene derechos soberanos ("dominio marítimo") sobre el "Mar de Grau", que alcanza hasta las 200 millas desde la costa. Sin embargo, el fallo consigna que, consultado por la corte sobre este punto, el agente peruano señaló que el término "dominio marítimo" utilizado en la Constitución de su país se aplica "de una manera consistente con las zonas marítimas fijadas en la Convención de 1982" y que el tribunal "toma nota de esta declaración, la cual expresa un compromiso formal de Perú". En este sentido, lo que corresponde entonces es que Lima considere la extensión de aguas concedida por el fallo como Zona Económica Exclusiva.

Aunque es positivo que, luego de reunirse con su par chileno en La Habana, el Presidente Ollanta Humala haya afirmado que su país cumplirá el fallo, resultan confusas sus declaraciones previas en torno a que Perú ganó "mar soberano" con el dictamen. Esto no se condice con lo declarado por su agente y lo exigido por la corte, es inexacto y despierta natural inquietud, pues la errada caracterización que realiza puede conducir a malos entendidos e, incluso, incidentes desagradables. También es equívoco el lenguaje que utiliza Lima para referirse a lo que denomina el "triángulo terrestre", lo cual ya está generando tensión y contradice el discurso oficial -reiterado el viernes  ante el Congreso peruano por Humala- de que se busca ahora una agenda de integración con Chile. 

Perú no debe realizar una lectura parcial del fallo de la CIJ, sino que tiene que mostrarse dispuesto a ejecutarlo en toda su profundidad, aunque ello suponga costos internos que deberán ser asumidos por la autoridad de ese país. La diplomacia chilena, por su parte, debe exigirse a fondo para lograr que la sentencia se aplique por completo, incluyendo las exigencias de la corte respecto de la Convemar. La buena fe que ha exhibido Chile durante todo el proceso de la demanda presentada por Perú en 2008 no debe ser confundida con falta de voluntad para lograr que el fallo se cumpla.