En la oposición no cayó bien la decisión de Gendarmería del traslado de los tres reos condenados por delitos comunes que se mantenían recluidos en el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido anteriormente como el penal de Punta Peuco.

Una confirmación que se produce a dos semanas de que el Presidente José Antonio Kast criticara la decisión del exmandatario Gabriel Boric de transformar, en 2025, el recinto en un penal para presos comunes y relevara la necesidad de que los prisioneros por causas de DD.HH. estuvieran en un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad .

Ante dicho cambio, además del anuncio de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, los dirigentes del Partido Socialista, Partido Comunista y Frente Amplio se reunieron este jueves para una articulación común.

Previo a la cita, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, planteó sobre el traslado de los reos comunes de Punta Peuco que “no podemos generar la incerteza tanto a nivel internacional como a nivel nacional de que cada vez que llega un mandatario, según su signo ideológico, decide qué hace, qué deja de hacer y retrocede en política. Eso es poco serio”.

“Lo cierto es que aquí no hay dos derechas ni tres derechas. Terminemos con ese cuento. Acá lo que tenemos es una sola derecha y es una derecha que es reaccionaria, que es promotora de un modelo donde se acumula para unos pocos, a costa del trabajo de la inmensa mayoría de las familias trabajadoras de este país, y donde además tiene visiones en materia de derechos humanos que están bastante ya, uno podría decir, ya casi anquilosadas. Entonces, creo que ese es el marco en el cual estamos dando el debate”, remarcó.

La jefa de la bancada de diputados del PC, Daniela Serrano, ayer ya había planteado: “Lamentablemente, detrás de estas decisiones se podría estar escondiendo el real propósito de todo esto, que es reconstruir a Punta Peuco como una cárcel privilegiada para criminales de lesa humanidad. De ser así sería un retroceso histórico y una vergüenza moral para nuestro país”.

El secretario ejecutivo del FA, Simón Ramírez, por su parte, dijo al respecto: “Es una señal preocupante. Creo que nosotros esperamos que la homologación de los penales avance y estamos muy preocupados por lo que ha estado haciendo este gobierno en materia de derechos humanos, que ha sido un abierto retroceso respecto de los consensos sociales que nuestro país había alcanzado”.

“Nos parece un mínimo de igualdad y de respeto al avance y a los consensos sociales en derechos humanos. Por lo tanto, este tipo de acciones que, insisto, refuerza lo que ya ha hecho el ministerio hasta este momento, nos parece preocupante y esperamos que no se siga avanzando en esa línea”, apuntó.

Desde el Ejecutivo, eso sí, descartaron que el traslado de los reos esté motivada por razones política. “No hay una decisión política detrás de esto, sino técnica”, afirmó el subsecretario de Justicia, Luis Silva.

AC contra Grau

Figueroa, asimismo, planteó que el libelo acusatorio anunciado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario contra Grau, y que generó una división con Chile Vamos, es un “voladero de luces” en medio del debate por el proyecto de Reconstrucción Nacional.

“Está claro que hay un debate sobre una megarreforma que es mala para el país, es mala para la inmensa mayoría de la población. Eso no se relativiza producto de las tensiones que pueda tener más o menos una derecha que en lo ideológico tiene una única mirada. Entonces, no pretendan hacer voladeros de luces, de tratar de venir a decirnos que aquí hay unos más radicales y otros menos, porque en realidad están todos detrás de la megarreforma y es ahí donde tenemos que ver quién es quién”, dijo

Ramírez, por su parte, advirtió de los efectos que la acusación podría tener en las negociaciones de la ley miscelánea.

“El Partido Nacional Libertario, al parecer, está tirando el carro de la ultraderecha e intenta empujar al conjunto del oficialismo hacia esa posición. Es una acusación que carece de fundamento, que probablemente se va a caer, que evidentemente en el Senado esto, si avanza en esas características, complica cualquier tipo de conversación, principalmente porque esto carece de total fundamento. Y yo espero que la derecha, que el gobierno, que el oficialismo en general, no le preste piso a esta acusación y que todo pueda seguir por su cauce normal”, señaló.

El vicepresidente del PS, Arturo Barrios, sostuvo que “es evidente que no hay mérito en relación a una acusación constitucional. Una acusación constitucional es cuando un ministro vulnera la ley, y está absolutamente acreditada en la Constitución de la República, de cuando se ejecuta una acción como esta. La verdad que eso no existe, porque lo que habla el informe es de inconsistencias, no habla, insisto, de situaciones que vulneren la Constitución”.

En relación al proyecto de Reconstrucción Nacional, remarcó: “Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, y lo han dicho nuestros senadores del partido y además de la oposición: van a votar en contra de la idea de legislar, porque esto es una mala reforma para Chile. Es una reforma regresiva, no trae empleo, no trae crecimiento, no trae inversión. Lo que trae es una gran deuda desde el erario público”.

El gobierno, al respecto, planteó que la acción anunciada por republicanos y libertarios recae en el Congreso. “La acusación constitucional depende de los parlamentarios que la promueven, porque es una atribución exclusiva de los parlamentarios, que el gobierno respeta, por supuesto”, dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.