LA SECRETARIA Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia -una instancia asesora creada por mero decreto- anunció en entrevista con “El Mercurio” el próximo envío al Congreso de un proyecto de ley que “garantice los derechos de los niños, las niñas y adolescentes”, iniciativa que, junto con otra, crearía una profusa institucionalidad en torno a la infancia, que comprendería una Subsecretaría de la Niñez, un Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez, que agruparía las organizaciones vinculadas a la promoción y defensa de los derechos asociados a la infancia, un Consejo Nacional de Niños, para que estos se expresen y tengan incidencia en las políticas públicas que les afecten, y el Defensor del Niño, entidad autónoma encargada de la defensa, difusión y promoción de los derechos del niño.

Se trata de una propuesta legislativa que no sólo contempla una desorbitada institucionalidad, con organismos redundantes y costosos, sino que además confiere derechos a los menores que no se condicen con un discernimiento que no es pleno hasta la adultez, que la ley entiende llega a los 18 años, y que pasa a llevar el rol y derechos de los progenitores que desde siempre les han sido reconocidos por las distintas sociedades, incluida la Occidental, y cuyo desconocimiento por el Estado puede traer graves consecuencias.

Más aún, pugna con sólidos principios y derechos que la Constitución confiere a los padres, desde el momento que ésta declara que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y que “los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”, en términos que “corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. La educación es un proceso que va más allá del ámbito escolar, pues abarca el proceso de formación integral de los hijos.

Otorgar derechos e independencia frente a los padres, para cuyo ejercicio los menores carecen de madurez, puede tener efectos muy negativos en el desarrollo y formación de éstos. Así, se pretende que los hijos tengan asegurada una intimidad ante los padres, de modo que -por ejemplo- estos no tengan acceso a las comunicaciones que reciben o a conocer qué tipo de páginas de internet acceden, no pudiendo los mayores ejercer control frente a influencias que estimen nocivas para el menor. Asimismo, podrán tener contacto con el médico sin presencia de los padres o las niñas tener acceso a la “píldora del días después” sin conocimiento de éstos. Aparte de preocupantes, hay propuestas que son elitistas, como garantizar intimidad en caso que los hijos quieran estar solos en su habitación, lo que implica desconocer la realidad de la inmensa mayoría de las familias que no están en situación de costear viviendas con una pieza para cada hijo.

El proyecto parte de la sorprendente premisa, a la luz de las declaraciones de su impulsora, que los padres no dialogan con sus hijos ni son capaces de darles gradualmente autonomía a medida que crecen, siendo entonces necesario que el Estado establezca reglas e instituciones que lo regulen y controlen. Estamos, en consecuencia, en presencia de una reforma de vastos alcances, que niega el rol y capacidad de la familia para formar a los hijos, que agregará nuevas y predecibles tensiones a las que ya vive nuestra sociedad.