El ex presidente cubano Fidel Castro llamó hoy a combatir y castigar "toda manifestación de privilegio, corrupción o robo", especialmente tras el devastador azote de dos huracanes que, advirtió, podría provocar "escasez de productos" en la isla.

"Toda manifestación de privilegio, corrupción o robo tiene que ser combatida y no hay excusa posible en esto para un verdadero comunista", afirma Castro, de 82 años, en un nuevo artículo publicado hoy en la prensa nacional bajo el título "Los vicios y las virtudes".

"Cualquier tipo de debilidad en tal sentido es absolutamente inadmisible", insiste.

Al respecto, afirma que cualquier "robo" en "fábricas, almacenes, servicios automotrices, hoteles, restaurantes y otras actividades donde se manejen recursos o dinero" debe ser castigado no sólo con las "medidas legales que le corresponden", sino también "sancionado" por el Partido Comunista (PCC, único) "sin extremismos, pero de forma madura y eficaz".

Asimismo, llama a luchar contra los "privilegios conscientes o tolerados y los inventos burocráticos".

En este sentido, califica de "costumbres burguesas y no proletarias" la "tendencia" de algunos "aparatos del Estado" a "generalizar los privilegios o dar mucho más en la competencia que desatan por los técnicos y la fuerza de trabajo disponible".

"A veces se vuelven timbiricheros con métodos genuinamente capitalistas en la búsqueda de ingresos", agrega.

"Todo conspira contra las reservas en materiales y en divisas del país, lo cual puede traer escasez de productos y exceso de dinero circulante", alerta Castro, quien en febrero renunció a la presidencia del país a causa de una enfermedad nunca revelada de la que ya convalece desde hace más de dos años.

Las advertencias del histórico líder cubano se producen en momentos en que Cuba intensifica las tareas de recuperación tras el paso de los huracanes Gustav e Ike, que devastaron toda la isla y causaron daños estimados oficialmente en al menos 5.000 millones de dólares y en el doble por algunos expertos independientes.

Además de la infraestructura eléctrica, comunicacional y vial, los principales daños se registraron en la vivienda, con alrededor de medio millón de casas dañadas total o parcialmente en un país que ya arrastraba un agudo déficit habitacional.

Asimismo se produjeron graves afectaciones a la agricultura, con la pérdida de cientos de miles de hectáreas de cultivos, miles de toneladas de alimentos, la muerte de más de 100.000 animales y daños a la infraestructura agropecuaria que ponen a Cuba en una difícil situación.

La isla ya importaba el 85 por ciento de los alimentos que consume, por un valor de más de 2.000 millones este año y que las autoridades ya habían advertido que podría subir fuertemente el próximo debido al constante incremento de precios en el mercado internacional. Además, más de la mitad de las tierras cultivables del país están ociosas, situación que el gobierno comenzó a combatir esta semana con la entrega en usufructo de terrenos del Estado, estimados en unos dos millones de hectáreas.

El viceministro de Agricultura, Alcides López, admitió esta semana que Cuba afronta "seis meses duros" en materia alimentaria a causa de los huracanes, aunque subrayó que "ningún cubano se va a morir de hambre".

El gobierno, indicó, está estudiando algunas "medidas" para "proteger precios", que sin embargo ya han experimentado un espectacular alza, al menos en los mercados libres de oferta y demanda donde los agricultores venden sus excedentes una vez cumplida la cuota a entregar al Estado.

En un informe preliminar de daños, el gobierno señaló además que la situación creada por los huracanes hara "inevitable" un "reajuste de programas y planes económicos y sociales".

En su primera visita a algunas de las zonas más devastadas por los ciclones, el presidente, Raúl Castro, comentó entre otros que el problema de la doble moneda, una de las mayores preocupaciones de los cubanos que en su mayoría cobran en moneda nacional (unos 17 dólares al cambio de media) pero que deben adquirir muchos productos en peso convertible, de un valor 25 veces superior al nacional, tardaría en resolverse "entre cuatro y cinco años".