El número de menores de edad sin acompañamiento de adultos que ingresaron clandestinamente a Estados Unidos  desde el pasado octubre llegó a 57.000, dijo este miércoles un alto funcionario  del Departamento de Seguridad Interna ante el Senado.

"El número de niños sin compañía de adultos que han sido retenidos o  encontrados en este año fiscal (que comenzó en octubre pasado) es 57.000", dijo  Gil Kerlikowske durante una audiencia en la Comisión de Seguridad Interna de la  cámara alta del Congreso estadounidense.

Hasta este miércoles, fuentes oficiales mencionaban 52.000 menores en esa situación en la frontera sur de Estados Unidos.

"Al 1 de julio, tenemos en detención poco más de 2.600 menores sin compañía de adultos", agregó.

La Comisión senatorial realizó la audiencia para discutir con altos  funcionarios del Departamento de Seguridad la reacción del Gobierno  estadounidense a la crisis generada con la oleada de menores de edad que  ingresaron al país de forma clandestina en el último año.

De acuerdo con la legislación vigente, cuando agentes de la patrulla  fronteriza estadounidense interceptan un menor de edad que ingresó  clandestinamente al país tienen que entregarlo a personal del Departamento de  Salud y Servicios Humanos (HHS).

Es el HHS quien se encarga de situar a los menores de edad en centros de  acogida y a veces con familiares mientras se realizan los trámites legales para  su deportación o "remoción", como denominan los legisladores. 

La oposición, sin embargo, insiste en que el mecanismo termina sirviendo  como un "incentivo" a que familias de países centroamericanos envíen sus hijos  a Estados Unidos de forma clandestina.

"Creo que estamos incentivando esta crisis", dijo el senador republicano  Ron Johnson, para quien el Gobierno debería enviar esos niños y menores de edad  de retorno a sus países lo más rápidamente posible.

El Departamento de Justicia anunció este miércoles que concentrará recursos para atender la reciente oleada migratoria, un día después de que el presidente  Barack Obama solicitó al Congreso una partida de fondos especiales de 3.700  millones de dólares para la emergencia.

El dinero estaría destinado a varias agencias del Gobierno y financiaría un  aumento de agentes fronterizos y vigilancia aérea para detener el flujo  migratorio, así como nuevos jueces de inmigración, funcionarios de asilo y  centros de detención.