CINCO días tiene la Universidad de Chile para publicar las actas del claustro de la Facultad de Derecho, junto con la nómina de profesores y sus respectivas remuneraciones. Esto, luego que el lunes el plantel desistiera de continuar con el recurso de queja que interpuso ante los tribunales con el propósito de evitar cumplir con el requerimiento que hiciera en 2009 un alumno para obtener dicha información, solicitud que fue rechazada por la casa de estudios, argumentando que aquello vulneraba su autonomía.

La decisión de esta institución de no continuar con el proceso judicial es bienvenida, ya que de esta forma se pone fin a una disputa que se ha prolongado innecesariamente y que ha generado un costo importante a la imagen de la entidad, porque frente a la ciudadanía se mostró contraviniendo una exigencia legal establecida en la Ley de Transparencia. La universidad, en su calidad de organismo público, está sujeta a fiscalización y tiene la obligación de publicar la información que en este caso se le pidió, por ello no se entiende su reiterada negativa a hacerlo, dilatando en demasía el asunto, utilizando argumentos que además no se sustentaban jurídicamente, y a pesar que tanto el Consejo para la Transparencia como el Tribunal Constitucional se lo exigieron en su momento. De haber acatado en un principio el dictamen, la casa de estudios se hubiese ahorrado esta situación incómoda y desfavorable.

El episodio debe servir para sentar un precedente valioso en materia de transparencia. Lo que se espera de todas las instituciones públicas es que cumplan de forma proactiva con lo que impone la normativa vigente. La Universidad de Chile tiene una tradición y un prestigio ganado, activos que no deben ponerse en riesgo con conflictos de esta naturaleza.