En estos días hemos conocido diversas medidas que amenazan la permanencia de extranjeros en EE.UU., siendo la última de ellas la suspensión de los procesos de entrevista a quienes que se preparaban para iniciar sus estudios en alguna institución académica. Antes, fue el revocamiento de la autoridad de Harvard para patrocinar visas para estudiantes y scholars, medida suspendida temporalmente por un juez federal, dejando, de todos modos, a muchos estudiantes e investigadores, no solo de Harvard, en un estado de incertidumbre.

Como resultado, no son pocos los que están evaluando emigrar, aunque sea temporalmente, de EE.UU. Posiblemente, son muchos, también, los que están buscando otros países en los que realizar sus estudios de pregrado y postgrado, o incorporarse a centros de investigación. Es indudable que, a partir de esta compleja situación, se abre una oportunidad para atraer estudiantes, investigadores y académicos muy calificados al sistema universitario chileno.

Las universidades chilenas tienen mucho para ofrecerles y también mucho que ganar. Respecto de lo primero, nuestro sistema universitario cuenta con un reconocido prestigio internacional; de hecho, 7 (12%) de sus universidades están en el top 50 de América Latina (Argentina: 1,5%; Brasil: 0,5%). Al mismo tiempo, es indudable que la llegada de estudiantes y académicos extranjeros aumenta la diversidad de la comunidad universitaria, permitiendo que nuestros estudiantes, investigadores, académicos y administrativos accedan a miradas culturales y aproximaciones diferentes respecto de cómo enfrentar los desafíos sociales, potenciando colaboraciones, extendiendo redes académicas, y muchos otros beneficios que impactarán de manera positiva sobre la formación que entregan y la investigación que realizan.

Aprovechar esta oportunidad requiere que las universidades generen oportunidades para quienes quieren salir de EE.UU. Ello puede realizarse a través de la contratación de académicos, la creación de posiciones de profesores visitantes o la generación de programas académicos atractivos, por ejemplo, que contemplen un porcentaje relevante de asignaturas en inglés.

Sin embargo, no basta con las acciones que las universidades puedan implementar. Se requiere también un apoyo del Estado para acelerar y simplificar el proceso de tramitación de visa, el que hoy toma entre tres y seis meses, en promedio, desalentando a quienes quieren trasladarse “pronto”. Así, se podría generar un “fast track” y reducir los trámites que deben realizar académicos e investigadores que cuenten con una carta de oferta y los estudiantes extranjeros que han sido admitidos a un programa impartido por una universidad chilena. Adicionalmente, el Ministerio de Ciencias podría coordinar directamente el proceso con el Servicio de Migraciones para quienes ingresen a través de un programa de atracción de capital humano avanzado. Incluso se podría ir más allá, suspendiendo el requisito de visa por un año para quienes hayan estado trabajando en una buena universidad estadounidense.

Por Soledad Arellano, vicerrectora Académica y de Investigación UAI