SEÑOR DIRECTOR:

El actual orden jurídico constitucional -contra todo pronóstico y expectativa- terminó sobreviviendo a dos intentos de reemplazo constitucional, lo que implica que Chile persiste con su orden presidencialista, al menos en lo doctrinario y normativo. Esto implica que la acusación constitucional sigue siendo la principal herramienta de control por parte del Poder Legislativo, pero, a la luz de hechos recientes, es uno de los principales síntomas del desgaste del régimen político vigente, a juzgar por su uso y abuso como una verdadera cuestión de confianza, herramienta propia del parlamentarismo. Tal degradación se acredita con analizar que desde el año 2018, 1 de 17 acusaciones ha sido aprobada (5,8%), 5 de 17 acusaciones han sido declaradas admisibles (29,4%).

A horas del desenlace de una discusión constitucional que duró cuatro años, en la que el país pudo discutir el régimen político apropiado para su realidad y la responsabilidad que engloba el ejercicio de cada una de sus competencias, los parlamentarios parecen no haber seguido ningún debate, y como primera acción post-plebiscito, como mecanismo de cambiar la “agenda pública, decidieron tensionar nuevamente el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, para resolver un problema que hoy se encuentra conocido por la Contraloría General de la República y la Justicia Penal, que tiene sus inicios en junio del año 2023. Así, se analizará un caso macerado y decantado hace seis meses.

Más allá de las responsabilidades políticas, si las hubiera, lo que se observa en términos históricos es una aceleración de las acusaciones constitucionales como herramienta del ajedrez político, en especial en las últimas dos administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

¿Qué ha cambiado?

Las acusaciones constitucionales tienen larga tradición constitucional en Chile, y al parecer han sido usadas con mayor mesura por parte de los políticos de antes. Hoy se olvidan las causales y las normas constitucionales, diluyéndose su sentido y siendo fagocitada en lo “mediático”.

Resulta interesante el tratamiento de la acusación en el proceso constituyente, en especial, en el anteproyecto de la Comisión Experta, el cual busca revitalizar el carácter de ultima ratio apuntando a la seriedad y mérito de sus actuaciones, al aumentar los requisitos de su procedencia y aprobación; ese es el camino de restauración, de un instrumento de control que se desmorona.

Gabriel Osorio V, profesor de Derecho Electoral, U. Adolfo Ibáñez

Cristóbal Osorio V, profesor de Derecho Constitucional, U. de Chile