¿Agregan valor los colegios de élite?

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El Colegio Simón Bolívar, de Las Condes, es uno de los que se sumarán en 2019 al nuevo sistema.


Al contrario de lo que parecen creer quienes proponen la Ley Machuca, no hay evidencia que permita pensar que la educación que ofrecen los colegios particular pagados sea beneficiosa para los estudiantes de sectores desfavorecidos.

De hecho, no hay tampoco evidencia sustantiva sobre el "valor agregado" al aprendizaje de los estudiantes de estos colegios, expresado en su desempeño en las evaluaciones estandarizadas (Simce, PISA, PSU). Lo poco que sabemos sobre sus procesos de enseñanza indica que estos colegios agregan poco al aporte de las familias y los hogares, pues reciben, vía selección, a estudiantes que traen altos capitales económicos, educacionales, sociales y culturales desde sus hogares.

Es en otra dimensión que estos colegios hacen un aporte sustantivo: la experiencia formativa transversal, que ocurre en buena parte fuera del aula, de la mano de actividades sociales y socializadoras. Talleres extraprogramáticos, grupos scout, trabajos de verano, jornadas de servicio los sábados en la mañana, misiones, formación religiosa o viajes de estudio (a veces, a Europa), son espacios que van afirmando su pertenencia a tal o cual comunidad, les enseñan su lugar en la sociedad e imprimen modos de ser a sus estudiantes (esto es lo que Matamala llama en su columna gentilicios).

Mediante estas experiencias, los estudiantes de colegios de élite aprenden a hablar en público, a comunicarse efectivamente, a trabajar en grupo, a liderar, a ser creativos y críticos, a imaginar escenarios alternativos, a priorizar y a organizarse: aquellas "competencias del siglo XXI", que son cada vez más necesarias para desenvolverse en la sociedad y en el mundo del trabajo. Quizás sea el acceso a este tipo de experiencias lo que motiva a quienes proponen la Ley Machuca.

Esto no quiere decir que los estudiantes de colegios públicos no reciban ni requieran formación transversal. La necesitan tanto como las habilidades básicas (aritmética y lectoescritura). Pero, para desarrollarlas efectivamente, deben propiciarse contextos que sean significativos para ellos, en que los docentes y otros educadores cuenten con formación que les permita fomentar su desarrollo integral y con recursos públicos puestos a disposición de estos esfuerzos (y no exclusivamente de los puntajes).

Existen numerosas iniciativas que permiten apoyar significativamente el desarrollo integral de los estudiantes en la educación pública; todas requieren apoyo y financiamiento, como el Programa de Educación en Ciencias Basado en la Indagación, los esfuerzos de la Junaeb por incorporar comidas de los pueblos originarios y de países de los cuales recibimos migrantes, las aproximaciones al teatro, las orquestas juveniles, los paseos fuera de la escuela y las visitas de científicos y artistas. También necesitamos aprender a enseñar y evaluar habilidades transversales sistemáticamente, de modo de contar con información que permita escalar estas iniciativas.

La Ley Machuca no hará ningún aporte ni a nivel individual ni de sistema, en el sentido por el cual la sociedad chilena reclama: mejorar la calidad de la educación pública.

En cambio, lo que puede resultar de ella es que el Estado transfiera recursos necesarios en el sector público para pagar por el uso de instalaciones privadas (como ocurre con las camas hospitalarias), algo que ya se anuncia en la versión de Evópoli de la ley. Y que los estudiantes ya no sean vulnerables, sino vulnerados: puestos al servicio de las clases altas para cumplir su cuota de diversidad o de actividades solidarias.

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