Alcances de la última cuenta pública

La última cuenta pública que el Presidente Sebastián Piñera rindió ante el país ha tenido el acierto de transmitir un mensaje sereno, resaltando la importancia del diálogo y los grandes acuerdos. El reconocimiento a la labor que desempeñaron los distintos gobiernos a partir del año 90 en la construcción del país también ha sido un gesto bienvenido, lo mismo que su solicitud de perdón a todos quienes no recibieron ayudas a tiempo por parte del Estado, en el marco de la crisis que ha provocado la pandemia.

En las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país, marcado por una crisis social -que de momento ha encontrado cauce en el proceso constituyente- y duramente golpeado por los efectos del coronavirus, era importante que el Jefe de Estado delineara una hoja de ruta para hacerse cargo de estas realidades. En ese sentido, es bienvenido que esta cuenta pública se centrara en los grandes ejes, resaltando, entre otros, el monumental desafío sanitario, recuperar el crecimiento e impulsar una agenda de seguridad pública.

Ello sintoniza bien con las prioridades que demanda el país, pero en cada uno de estos ejes se extrañaron propuestas más audaces por parte del Mandatario. Se esperaba con especial interés -particularmente dentro de su propia coalición- que profundizara en la forma como se seguirán estructurando las ayudas sociales, pues si bien hay un principio de acuerdo para establecer un ingreso familiar de emergencia masivo y por tres meses, no hay muchas luces de qué ocurrirá en el mediano plazo, cuando ya es un hecho que los efectos de la pandemia se seguirán sintiendo por mucho tiempo. Extrañamente se perdió la oportunidad de haber aprovechado esta instancia para haber brindado más certezas a la población, o para haber hecho anuncios más concretos en beneficio de la clase media, que el Mandatario volvió a ratificar como una de sus prioridades.

En materia de orden público, cabe destacar que el Mandatario haya formalizado la creación de un ministerio encargado de la seguridad pública, una institucionalidad que permitiría desligar al Ministerio del Interior, lo que facilitará especializar las funciones y acotar mejor la responsabilidad política frente al control del delito.

Pero ciertamente el anuncio que más sorprendió fue la decisión del Ejecutivo de colocar urgencia al proyecto de ley que establece el matrimonio igualitario. Se trata de una materia que no forma parte del actual programa de gobierno, y que tampoco estuvo dentro de las prioridades del oficialismo. El proyecto deberá ser analizado en su mérito -es un hecho que buena parte de la sociedad favorece una reforma de este tipo-, pero sorprende que un anuncio de esta envergadura no haya sido sensibilizado primero con la propia coalición, abriendo un nuevo foco de conflicto con parte de Chile Vamos. Dadas las fracturas que se venían dando entre el Ejecutivo y la coalición, llama la atención que en esta fase se haya optado por una estrategia que va en la dirección contraria a recomponer los lazos y que podría desatar un quiebre.

Quedan algunos meses para que concluya esta administración, pero lo que ya se pudo advertir en esta última cuenta es que la ilusión de dejar un legado se va diluyendo cada vez más, con escasa contribución propia y ya sin fuerza para impulsar sus reformas más anheladas, sin perjuicio de aciertos como el exitoso proceso de vacunación.