Algo va mal

acusación constitucional



Por Gonzalo Cordero, abogado

Tony Judt, el intelectual socialdemócrata que más aprecio, escribió un ensayo sobre las sociedades (neo)liberales, a las que criticaba por su excesiva búsqueda del beneficio material que, en su opinión, era lo único que quedaba de un sentido de propósito colectivo.

Judt pensaba que el deterioro de los valores comunes solo podía enfrentarse mediante el ideario socialdemócrata, pues el temor y la incertidumbre propia de las sociedades libres -las llamaría individualistas- ponía en riesgo el orden social de los países democráticos, y con lucidez advertía: “pocas personas en Occidente pueden concebir la quiebra completa de las instituciones liberales, una desintegración completa del consenso democrático. Pero lo que sabemos de la II Guerra Mundial ilustra la facilidad con la que cualquier sociedad puede caer en pesadillas hobbesianas de violencia y atrocidades sin medida”.

Aunque discrepo de la receta -¿necesito aclarar que no soy socialdemócrata?- comparto que vamos por mal camino, pero no porque la libertad nos haya hecho perder el sentido de proyecto común, ni porque la desigualdad haya mermado las obligaciones del pacto social. El problema, al menos entre nosotros, es que confundimos lo que queremos con aquello que se nos debe; proyectamos a los demás nuestra noción generalmente emotiva de lo bueno, colocándola por encima de las reglas de convivencia social y de cualquier limitación que nos imponga la racionalidad. Hoy, una imagen vale más que mil palabras, incluso si esas palabras constituyen una ley.

El fin no justifica los medios cuando se trata de los demás, pero sí parece justificar los propios. Eso de que el estado de derecho impone límites al ejercicio del poder, demarca el ámbito de competencia e institucionaliza las decisiones, son todos resabios de una época pasada. Ahora casi en todos los ámbitos nos encontramos autoridades que, de una u otra forma, prefieren su parecer a su deber.

La presidenta del Senado puede cometer “sacrilegios” constitucionales, porque sus fines son nobles; algunos jueces pueden poner sus ideas -o sus ideologías- por sobre la ley, afortunadamente hay otros “a la antigua”, como Pedro Pierry, que advierte los males a que conduce el gobierno de los jueces; si una resolución no gusta a ciertos parlamentarios, acusación constitucional contra la jueza, faltaba más; hay fiscales del Ministerio Público que aplican las garantías procesales según la naturaleza del imputado, parece “justo” tratar mal a ciertos “poderosos”. La Contraloría, antaño guardián de la legalidad de los actos administrativos, ahora hay casos en que exige el cumplimiento de las leyes que debieran existir o califica la pertinencia de los procedimientos policiales.

En realidad, no es solo que algo vaya mal, es que nosotros vamos muy mal.

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