El 2019, hubo 512 escuelas con más de 126.000 estudiantes en la categoría de desempeño insuficiente según la Agencia de la Calidad de la Educación. Un diagnóstico alarmante que revelaba no solo cifras preocupantes, sino una realidad dolorosa: estudiantes atrapados en graves problemas de aprendizaje y climas escolares deteriorados que imposibilitaban su desarrollo integral. En comunas marcadas por la desigualdad como Tierra Amarilla o Lo Espejo, esto significaba que una parte sustantiva de la matrícula estaba en serio riesgo, y con ello se extinguían las ya escasas oportunidades educativas que representan muchas veces la única posibilidad de movilidad social para miles de familias vulnerables.

A pesar de la magnitud del problema, las respuestas del sistema fueron insuficientes. La Ley de Aseguramiento de la Calidad establecía que los colegios insuficientes debían recibir apoyo, informar su categoría a las familias y, de persistir la situación, perder su reconocimiento oficial. Sin embargo, tras la pandemia, este mandato quedó en suspenso y, aun con el retorno a la presencialidad, la Agencia de la Calidad no retomó la ordenación de desempeño. Así, ningún colegio ha cerrado por bajo rendimiento, aunque muchos sigan afectando gravemente a sus estudiantes.

La experiencia internacional muestra que sí es posible revertir la crisis. El exministro británico Sir Nick Gibbs, invitado por la Universidad Andrés Bello, relató recientemente la experiencia de Inglaterra, donde se logró rescatar escuelas públicas en situación crítica traspasándolas a administraciones privadas con trayectoria de éxito. Estas recibieron autonomía para innovar y recuperar aprendizajes, con resultados notables en pocos años.

Chile también tiene ejemplos virtuosos. En Alto Hospicio, el Colegio Bicentenario Juan Pablo II, marcado hace una década por graves hechos de violencia, deserción y bajos resultados, fue traspasado a la Fundación Collahuasi en alianza con SNA Educa. En tiempo récord, subió cerca de 100 puntos en SIMCE, alcanzó sobre un 90% de asistencia, obtuvo puntajes nacionales en la PAES y recibe hoy más de 2.000 postulaciones para apenas 185 cupos. Más allá de las cifras, lo más conmovedor es el orgullo y la alegría que se respira en sus estudiantes y familias, con una cultura de altas expectativas en medio de un territorio de alta vulnerabilidad.

El éxito permitió replicar el modelo en Pica, donde el Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado pasó de 280 a 750 alumnos en cinco años y aumentó su inserción laboral del 28% al 96%, gracias a sus especialidades técnico-profesionales en agropecuaria y mecánica industrial, generando un verdadero círculo virtuoso con la comunidad.

Sin embargo, este modelo enfrenta una amenaza seria: su financiamiento depende de una glosa presupuestaria que debe aprobarse cada año, lo que genera incertidumbre para la administración y las familias.

Desde Escuelas Abiertas creemos que Chile no puede seguir condenando a miles de niños a escuelas donde aprender lo básico es una excepción. Si un colegio acumula reiterados años de insuficiencia, debe ser traspasado a una administración con experiencia probada, como ocurre en otros países. Además, es urgente que el Ministerio de Educación retome la clasificación de desempeño, la haga pública y establezca consecuencias reales.

El derecho de los estudiantes a aprender debe estar siempre por sobre la inercia institucional. Ha llegado el momento de decidir qué tipo de educación queremos garantizar a los niños y jóvenes de Chile: una que perpetúe la desigualdad o una que abra caminos de esperanza y excelencia, incluso en los lugares más vulnerables.

Por María Teresa Romero y María Paz Larraín, Escuelas Abiertas