El gobierno ha propuesto un proyecto que pretende resolver el problema de las deudas por los créditos con aval del Estado (CAE) -y así cumplir con una de las promesas de campaña- y simultáneamente crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES). En esta columna me referiré a este segundo aspecto de la propuesta, cuyo principal defecto es -como ya lo expuse en las columnas de este mismo medio el 28 de febrero y el 13 de agosto- que, de aprobarse, limitaría severamente la autonomía de las instituciones que componen el señalado sector de nuestro sistema educacional.

La propuesta gubernamental exime de todo pago de aranceles a los estudiantes provenientes de los hogares de los nueve deciles de ingreso más bajos. Para hacer posible tal gratuidad, el Fisco, por un lado, les pagaría a las instituciones de educación superior un arancel determinado por el mismo y, por el otro lado, les cobraría a los egresados lo que en el fondo es un tributo contingente al ingreso.

La discusión pública, hasta muy recientemente, ha tendido a centrarse en lo que podríamos considerar las implicancias financieras de la propuesta: afectará la calidad académica de las instituciones de educación superior, porque el arancel pagado por el Fisco sería significativamente inferior al que estas instituciones perciben actualmente; una proporción relativamente alta de los egresados tendría que pagar un impuesto que excede -para algunos en mucho- el costo de sus estudios; el pago de los aranceles hay que contabilizarlos como un gasto fiscal en vez de como un activo; el esquema terminará generando una educación de alta calidad para los estudiantes provenientes de las familias pertenecientes al 10 por ciento más rico de la población, y una paupérrima para el resto; etc.

No cabe la menor duda que la propuesta tiene los problemas recién descritos. Pero ellos no constituyen lo más grave de ella, que es su efecto sobre la autonomía de las instituciones de educación superior. Ya lo hemos señalado en otras ocasiones, el que pone la plata, pone la música. En el proceso de fijación del monto de las matrículas de las instituciones de educación superior, los gobiernos de turno podrán influenciar decisivamente el quehacer de las mismas. Demostración palpable de lo señalado se está viviendo en estos momentos en los EE.UU., en que la administración del Presidente Trump está vinculando financiamiento al cambio de ciertas prácticas universitarias.

No habría que descartar que el proyecto del FES sea un Caballo de Troya. Apunta a resolver el problema de las deudas del CAE y a proponer un nuevo esquema de financiamiento de la educación superior, el FES, pero su fin último -no explicitado- sería lograr el control estatal de las instituciones de la educación superior.

Por Rolf Lüders, economista