El 6 de enero, Gloria Ana Chevesich asumió la presidencia de la Corte Suprema y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en más de dos siglos de historia. El hito merece celebrarse. Que una magistrada con casi cuatro décadas de trayectoria —desde relatora hasta ministra, pasando por la vocería del Poder Judicial durante la pandemia— rompa una barrera que parecía inamovible es una señal de madurez institucional. Sin embargo, la solemnidad de la ocasión estuvo atravesada por algo más urgente: el reconocimiento público de una crisis sin precedentes.

Chevesich no eludió el diagnóstico. En su discurso inaugural habló de “años horribles” y enumeró lo que todos sabemos: desde octubre de 2024, tres ministros de la Corte Suprema y dos de la Corte de Apelaciones de Santiago han sido destituidos o removidos en el marco del caso Audios. El daño no es solo reputacional. Es un golpe a la legitimidad del sistema democrático.

Lo más valioso del discurso inaugural fue, precisamente, la ausencia de eufemismos. Reconocer abiertamente la gravedad del momento es condición necesaria para cualquier reforma genuina. La tentación del poder —en cualquier institución— es minimizar, relativizar, esperar que la tormenta pase. Chevesich eligió otro camino: nombrar el problema, defender a la mayoría que trabaja con integridad y comprometerse con cambios en los sistemas de nombramiento y transparencia. El desafío ahora es que ese compromiso se traduzca en reformas estructurales y no en ajustes cosméticos.

Chile no está solo en esta encrucijada. América Latina vive una tensión crónica entre expectativas ciudadanas crecientes y sistemas judiciales que arrastran prácticas opacas, procesos de selección permeables a la política y mecanismos de control insuficientes. Desde el “cartel de la toga” en Colombia hasta las polémicas reformas judiciales en México, pasando por la captura institucional en Centroamérica, el continente enfrenta un dilema común: cómo fortalecer la independencia judicial sin caer en el corporativismo ni en la instrumentalización política.

La llegada de Chevesich a la presidencia de la Corte Suprema abre un nuevo capítulo, pero el alcance de los cambios necesarios excede lo que una sola institución puede lograr. En marzo asume un nuevo gobierno y un Congreso de composición distinta. El impulso reformador que la nueva presidenta ha anunciado requerirá interlocutores dispuestos a legislar cambios reales en los sistemas de nombramiento y control interno. Sin ese diálogo entre poderes, las buenas intenciones quedarán en el discurso.

Chile merece una justicia que no distinga entre poderosos y ciudadanos comunes. Ese fue el mensaje central de la nueva presidenta. Ahora corresponde que las palabras se conviertan en hechos.

Por Leonel González Postigo, académico, Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado