“El ladrón roba una hogaza de pan y es llevado a la cárcel. Otro hombre roba el pan de las mesas de cientos de viudas y huérfanos, y es llevado al Parlamento”, decía el dramaturgo George Bernard Shaw, marcando la diferencia entre los delincuentes comunes, y aquellos que ejecutan sus crímenes elegantemente vestidos desde un escritorio.
Esta semana, la Corte de Apelaciones de Santiago revisó 1.890 solicitudes de presos que están cumpliendo sus condenas, y rechazó el 98% de las peticiones de libertad condicional.
Estas denegaciones no causaron controversia, excepto por un caso.
“Esto es una vergüenza para la justicia chilena. Corrupción ideológica”, reaccionó el presidente de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, ante la decisión de la corte de mantener en prisión a uno de los 1.890 delincuentes condenados. “Es una decisión absurda, injusta y cruel”, criticó el expresidente de la UDI Julio Dittborn. “Deben liberarlo”, coincidió el excandidato a constituyente del Partido Republicano Cristóbal Orrego.
¿Por qué estos defensores de la “mano dura” atacan a los jueces por mantener a un delincuente condenado en prisión? Pues porque el afectado no es un delincuente cualquiera.
El exsenador Jaime Orpis fue condenado a 5 años y un día de cárcel por seis delitos de fraude al fisco, con carácter de consumados y reiterados, y a 600 días adicionales por cohecho, en el Caso Corpesca.
Recordemos sólo parte de la evidencia. Según la unanimidad de los jueces, Orpis simuló sistemáticamente la contratación de asesorías parlamentarias que nunca existieron, y que, sin embargo, fueron pagadas por el Fisco, es decir, por todos nosotros.
Orpis confesó este delito. En cambio, se declaró inocente en el de cohecho, pese a las contundentes pruebas en su contra. Durante cuatro años, siendo senador, recibió una “mesada” de $264.254.120 de Corpesca, por un promedio mensual de $5.285.082, mientras obedecía las instrucciones de esa empresa en la Ley de Pesca y en otras gestiones.
Un solo ejemplo entre muchos: el 12 de junio de 2009, el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, le envió una presentación sobre la fijación de cuotas de captura del jurel. El senador copió el documento, lo firmó, incluyó el membrete del Senado y lo reenvió, como si fuera propio, a Contraloría.
Cuando este ente acogió el reclamo, envió el dictamen a Mujica. “Jaime, excelente el resultado”, felicitó el hombre fuerte de Corpesca a su fiel ganapán, mientras le entregaba nuevas instrucciones para influir ahora sobre la subsecretaría de Pesca.
Pese a la gravedad de los hechos, el exsenador recibió apenas 600 días de cárcel por cohecho. Pero, para Larraín, la conclusión es que “se encarcela la dignidad. Orpis está preso porque la fiscalía le exigía confesar un delito de cohecho que no cometió”.
¡Mano dura contra la delincuencia! Excepto si el condenado es gente como uno: de la misma clase social, del mismo partido político, del mismo colegio o de misa en la misma iglesia. En ese caso es inocente, sin que importe la evidencia ni los fallos de los tribunales.
Y no digamos que la justicia ha sido particularmente dura con Orpis. En diciembre pasado, cuando llevaba menos de un año recluido en el anexo cárcel Capitán Yáber, ya se le concedió el beneficio de libertad dominical.
Además, se le descontaron de su pena tres años que pasó en arresto domiciliario durante el proceso. Arresto que fue particularmente benigno: en 2017 y 2018, se le autorizó a pasar el verano en su casa de Frutillar, con lo que “cumplió” parte de su posterior condena vacacionando en el Lago Llanquihue.
Hay un punto en que los defensores de Orpis sí tienen razón: él es el único político en la cárcel por corrupción. Pero el escándalo no es que él esté preso, sino que otros, gracias a las presiones políticas y a un acuerdo transversal de impunidad, sigan libres. Políticos de izquierda, centro y derecha fueron pillados con las manos en la masa, suplicando y recibiendo dinero sucio, y ahí siguen, tan campantes.
Para lograrlo, intervinieron el Ministerio Público, atacaron a los fiscales e intoxicaron a la opinión pública, disfrazando la corrupción de disputa entre izquierdas y derechas. La verdad es que los corruptos no tienen más ideología que la de abultar sus bolsillos.
En medio de este festival de hipocresía, esta semana hubo una buena noticia. El Senado aprobó en general un proyecto que penaliza los delitos de cuello y corbata. A diferencia de algunas leyes sobre criminalidad común, que son despachadas a matacaballo en el Congreso, aquí los parlamentarios han ido con pies de plomo. El proyecto fue elaborado por un prestigioso grupo de penalistas, presentado en enero de 2019, aprobado por los diputados, y recién ahora se está moviendo en el Senado, empujado especialmente por el senador Matías Walker.
El Mercurio tituló “Las dudas y alertas que despierta el proyecto de delitos económicos”, y el presidente de la CPC, que exige “mano muy dura” contra los delincuentes, en este caso advierte “perjuicios graves a las actividades productivas”. Y bueno, ya sabemos qué pasó con las normas contra el delito de evasión que establecía la reforma tributaria, y cuánta resistencia despierta la idea de levantar el secreto bancario de las autoridades.
Este proyecto contempla penas efectivas de cárcel para delitos graves de cuello y corbata, además de crear nuevos tipos penales y establecer “días-multa”, ajustados según los ingresos de la persona condenada, como se hace en Alemania.
Esto es fundamental, por un mínimo de justicia social. Pero también porque el crimen organizado y el narcotráfico operan infiltrando a las autoridades políticas. Y si ellos se sienten impunes, los incentivos para venderse al mejor postor aumentan.
En el Senado, veremos si la igualdad ante la ley prima sobre la defensa corporativa de la “gente como uno”. O si, como en los tiempos de Shaw, la clase social del delincuente sigue marcando la diferencia entre ir a la cárcel o al Parlamento.
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