El 3 de julio pasado, los abogados del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente), Jorge Bofill y César Ramos, presentaron una solicitud ante el fiscal nacional Ángel Valencia requiriendo que el fiscal regional de Aysén fuera removido de la titularidad de las indagaciones que se siguen en torno al parlamentario.

Lo anterior, como explicó en su momento Ramos a La Tercera, para que Valencia asumiera él mismo las indagaciones o decidiera derivar las indagatorias a otro persecutor. En primer punto, porque consideraban que Libedinsky había afectado los derechos de su representado al haber cerrado la indagación por fraude al Fiscal cuando aún había plazo vigente.

“El fundamento de la solicitud tiene dos líneas principales. La primera, responde a las actuaciones de la Fiscalía, de público conocimiento, que afectaron gravemente el derecho a defensa y además constituyeron una vulneración al principio de objetividad, relacionadas con el cierre intempestivo de la misma, previo al conocimiento de las declaraciones de los coimputados señor Roland Cárcamo y señora Carla Graf”, dijo el abogado hace semanas a este medio.

La segunda línea, detalló, se relacionaba “con los mismos dichos del señor Cárcamo, quien señaló que el exfiscal regional de Aysén supuestamente habría recibido dinero para poner término a la investigación referida al senador Calisto. El problema, evidente, es que esa investigación era justamente realizada por el exfiscal regional en conjunto con el equipo que actualmente investiga esos hechos”.

“En esas circunstancias, resulta incompatible con el principio de objetividad y de transparencia, que sea la fiscalía regional de Aysén la que se investigue a sí misma, respecto de cualquier hecho referido por el señor Cárcamo en el contexto de dicha investigación, quien, además, señaló que el mismo había efectuado sobornos en su propio beneficio, respecto de otra investigación seguida por la misma fiscalía”, complementó el penalista.

Pero aunque entre los cercanos a Calisto había convicción en los argumentos que esgrimió el abogado para sustentar la petición, el fiscal Valencia los desestimó de plano.

La respuesta del máximo persecutor se despachó la jornada del 13 de julio y, como pudo recabar este medio, se realizó vía una carta de dos páginas que firmó su jefa de gabinete, Catalina Wildner.

De acuerdo con quienes conocieron el tenor de dicha comunicación, la determinación de Valencia se fundó en que, revisados los antecedentes presentados por la defensa, estimó que no poseían la fuerza suficiente para que él determinase remover a Libedinsky de la dirección de las indagaciones contra Calisto.

En la misiva, según las mismas fuentes, se hizo presente que la modificación no aparecía pertinente, entre otras cuestiones, porque una de las referidas indagaciones se había iniciado hace años, en 2021.

Al margen de esa determinación, eso sí, el lunes 27 de julio pasado la Fiscalía Nacional informó que, tras recibir una solicitud de la Fiscalía Regional de Aysén, Valencia decidió derivar únicamente la investigación referente a supuestos sobornos a Palma, a la Fiscalía Regional de La Araucanía.

Las otras tres investigaciones que se abrieron a partir de las declaraciones de Cárcamo y Graf, siguen en manos del fiscal Libedinsky, al igual que la “causa madre”, relativa al fraude al Fisco por la que el Ministerio Público había acusado al senador y solicitado 12 años de cárcel a su respecto.