Columna de Daniela Sugg: Una reforma impostergable: el Fonasa que necesitamos hoy y mañana

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Foto: Aton.


Las promesas deben cumplirse. Es lo que esperamos todos los chilenos. En el ámbito de la salud, enfrentamos un panorama que ha cambiado drásticamente en la última década, moldeado por los desafíos postpandemia, una población envejecida y recursos financieros cada vez más limitados. Además, convivimos con una ciudadanía más informada y exigente, que demanda respuestas oportunas y de calidad.

En este contexto, el proyecto de ley que elimina las preexistencias y establece un plan común de salud para las Isapres, ingresado en 2024, es un paso importante para abrir el debate. Sin embargo, esta discusión no puede darse de manera aislada. Es crucial que, simultáneamente, se aborden los cambios necesarios para transformar Fonasa en un sistema que responda a las necesidades actuales y sea sostenible para los próximos 20 años.

Entre 2019 y 2021, se avanzó con el proyecto de reforma al Fondo Nacional de Salud y la creación de un Plan de Salud Universal (PSU). Aunque perfectible, este esfuerzo planteaba objetivos y mecanismos que debiesen estar en una nueva propuesta de reforma, las que señalo a continuación:

i) Crear un Plan de Salud Universal: Un instrumento eje del sistema, diseñado para enfrentar problemas como las listas de espera, el alto gasto de bolsillo y la falta de transparencia, con foco en optimización e impacto sanitario de los recursos públicos.

ii) Formalizar la Evaluación de Tecnologías Sanitarias: Un proceso clave para garantizar que las decisiones en salud se basen en evidencia científica, equidad y eficiencia, mediante un consejo técnico o una agencia independiente.

iii) Modificar la Modalidad de Libre Elección: Transformarla en un complemento del PSU, con proyección financiera sólida y mayor al 45% promedio actual, con procesos claros y auditables.

iv) Fortalecer Fonasa y su Gobernanza: Aclarar los roles del Ministerio de Salud, Redes Asistenciales y Fonasa, siendo este último el garante/asegurador del plan y a la vez el encargado de la función de compra se servicios de salud. Dotar a este último de un gobierno corporativo reduciría la interferencia política, garantizando continuidad programática y mejor planificación.

Esta transformación requiere recursos. El proyecto de 2021 estimaba la necesidad de más de $130.000 millones anuales. Así, la propuesta legislativa debería contemplar fuentes de financiamiento como reasignaciones, supresión de gastos y generación de ingresos para que sea factible y real.

La población exige un seguro público que garantice acceso y protección financiera, radicado en un plan de beneficios. Avanzar en mejorar los sistemas privado y público de salud permitirá a los chilenos comparar esquemas, impulsar competitividad e incentivar la mejora continua.

Por Daniela Sugg, académica e investigadora adjunta, Fac. de Administración y Economía UDP

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