Por Felipe Fontecilla, director ejecutivo de Rumbo Colectivo
El plebiscito de salida del 4 de septiembre representa la primera votación desde el sistema de inscripción automática y voto voluntario implementado en el 2012, que establece el deber de sufragio a todos los ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar. Reconocemos que este es un contexto desafiante, pero que también abre una gran oportunidad: hoy tenemos la posibilidad de movilizar a toda la ciudadanía frente a una decisión que impactará profundamente sus vidas y, para ello, debemos garantizar que las condiciones de información en que toman esta determinación sean las mejores.
No es extraño, por tanto, que un gobierno que ha tomado un fuerte compromiso con el diálogo y con escuchar diferentes posturas desde el aprendizaje, tome un rol de apoyar a su ciudadanía en el ejercicio de su participación. Se ha evidenciado que la campaña de desinformación que ha buscado deslegitimar a la Convención afecta el sano ejercicio de la democracia en pos de la postura del Rechazo. Durante abril, la encuesta Datavoz indicaba que el 58% de sus encuestados había recibido información falsa sobre la Convención a través de sus redes sociales. Consideramos que esta dificultad para acceder a información fidedigna sobre el proceso constituyente va en desmedro de un ejercicio democrático sano y de libre determinación. Es por esto que la postura que ha tomado el gobierno, más que un compromiso con la Convención, representa un compromiso con la democracia de nuestro país.
Es fundamental reconocer que al centro de este proceso constituyente se sitúan las causas y luchas que fueron detonantes para el estallido social y el fuerte deseo de transformar los sistemas políticos y sociales que por décadas han enajenado a la ciudadanía, los pueblos y los territorios de la toma de decisiones, poniéndolos a menudo en situaciones de vulnerabilidad y marginalidad; demandas sociales que están al centro del borrador constitucional. Temas como cuidados y feminismos, medioambiente, descentralización, educación y salud han quedado plasmados como derechos garantizados para nuestra ciudadanía.
Desde Rumbo Colectivo, vemos la necesidad urgente de nivelar el entendimiento ciudadano sobre el proceso constitucional, fomentando una participación activa. Este es un compromiso enlazado con el avance hacia una democracia sólida tanto desde el plebiscito de salida como en futuros comicios. Activar el encuentro, el diálogo y el acceso a la información relevando el potencial ciudadano. En este sentido, la postura del gobierno se conecta al esfuerzo colectivo que desde la sociedad civil y comunidades organizadas hemos levantado para el fomento de personas informadas que ejerzan su pleno derecho este 4 de septiembre. Un esfuerzo que traza desafíos interesantes, como destacar las diferencias históricas con otros procesos constitucionales vividos en Chile y poniendo en el centro cómo esta nueva Constitución toma responsabilidad sobre las transformaciones exigidas por los, las y les ciudadanos.
Desde esta perspectiva, consideramos fundamental el desarrollo de campañas como “Hagamos Historia” que no buscan llamar a tomar postura, sino que apoyan el proceso de pedagogía política que permitirá que la decisión que se tome en el plebiscito de salida sea representativa de las posturas e intereses reales de quienes irán a votar.
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