Por Thomas Legler, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

El 11 de septiembre de 2001, durante una sesión especial de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ministros de Relaciones Exteriores de toda América se reunieron en Lima para firmar la Carta Democrática Interamericana (CDIA), la cual declaró por primera vez que la democracia es un derecho y estableció nuevos mecanismos multilaterales para defenderla. Cuando los ataques terroristas golpearon las Torres Gemelas de Nueva York, los funcionarios agilizaron la sesión -en una muestra de solidaridad hemisférica- para permitir que el entonces secretario de Estado, Colin Powell, regresara rápidamente a Washington.

A medida que se acerca el vigesimoquinto aniversario, es probable que el documento quede -una vez más- eclipsado por otros sucesos más trágicos de esa misma fecha: los atentados en Nueva York y el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973. Sin embargo, los últimos meses nos han recordado que la CDIA sigue siendo tan relevante como siempre, tanto por sus logros y deficiencias como por lo que su historia a lo largo del último cuarto de siglo nos revela sobre el estado actual de la democracia en las Américas.

La CDIA sigue siendo conocida principalmente por su primer artículo: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Dicha afirmación, aunque hoy pueda parecer algo natural, fue fruto de un arduo esfuerzo en una región caracterizada por su recelo ante cualquier tipo de intervención extranjera, especialmente aquella realizada en nombre de la democracia.

La Carta Democrática surgió como una respuesta inmediata al doloroso proceso de 10 años en el que Perú se deslizó hacia el autoritarismo bajo el mandato del presidente Alberto Fujimori; sus impulsores peruanos originales buscaban crear un baluarte hemisférico frente a las fuerzas antidemocráticas para garantizar que ningún país tuviera que padecer jamás lo que ellos habían vivido. La experiencia peruana puso de relieve la necesidad de proteger las democracias del hemisferio no solo frente a los golpes de Estado, sino también contra el retroceso autoritario gradual impulsado por presidentes elegidos democráticamente, como Fujimori, que a menudo pasaba inadvertido.

Un papel fundamental

La CDIA fue la culminación del auge de lo que el entonces Secretario General de la OEA, César Gaviria, denominó un “paradigma de solidaridad democrática” durante la década de 1990, concebido para proteger las democracias -aún frágiles- del hemisferio tras décadas de autoritarismo. El Capítulo IV incorporó mecanismos para trascender la mera declaración de ideales. A modo de una escala de consecuencias progresivas, sus disposiciones ofrecen la flexibilidad necesaria tanto para brindar solidaridad democrática a los Estados miembros de la OEA que enfrentan graves amenazas autoritarias como para intensificar la presión sobre quienes aspiran a convertirse en dictadores.

Si las medidas más constructivas y pacíficas para restaurar la democracia no surten efecto, la OEA puede adoptar medidas punitivas, como la suspensión de Estados miembros, tal como hizo con Honduras en 2009 tras el golpe de Estado de Roberto Micheletti. La CDIA también consagra una norma de validación o invalidación electoral que faculta a la OEA para actuar como árbitro electoral, permitiendo que sus misiones de observación se pronuncien cuando no existan las condiciones para celebrar elecciones libres, justas y transparentes.

Desde su adopción, la CDIA ha estado presente en numerosas declaraciones y resoluciones de la OEA frente a amenazas autoritarias, ya sea mediante referencias a sus principios o invocando cláusulas específicas del Capítulo IV. Estas últimas se han aplicado para respaldar la democracia en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela, en ocasiones de manera reiterada. Apenas el pasado mes de julio, una misión de alto nivel visitó Bolivia para promover el diálogo y estabilizar su sistema democrático, basándose en una resolución de la OEA que aludía a la Carta Democrática. En agosto, la resolución del Consejo Permanente de la OEA -que convocaba una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores para septiembre con el fin de contrarrestar las intenciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones e institucionalizar el autoritarismo- subrayó la coherencia de dicha acción con la CDIA.

No obstante, los críticos han señalado que la aplicación de la Carta Democrática ha adolecido de diversas deficiencias en la práctica. Por ejemplo, su texto no ofrece una definición clara de qué amenazas constituyen violaciones graves, y su naturaleza jurídica -al tratarse de una resolución y no de un tratado- deja su puesta en práctica sujeta a la interpretación política de los Estados miembros de la OEA. La aplicación de la CDIA es vulnerable a las fluctuaciones en la configuración de las fuerzas políticas y a las tendencias geopolíticas e ideológicas en todo el hemisferio.

En efecto, la aplicación de la CDIA ha sido inconsistente y desigual. Esta situación se ha visto agravada por la persistente polarización ideológica en el hemisferio. Tanto los gobiernos de derecha como los de izquierda parecen intentar obstaculizar la aplicación de la Carta Democrática contra alguno de sus propios aliados. Este patrón se ilustra con la falta de acción colectiva frente al socavamiento de la democracia en El Salvador por parte de Nayib Bukele desde que asumió el cargo en 2019, o con la decisión reciente de México y Brasil de no apoyar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para evaluar medidas diplomáticas contra la dictadura de Ortega en Nicaragua. Asimismo, los analistas han señalado que la acción colectiva en el marco de la Carta Democrática se ha dirigido más hacia Estados pequeños o medianos que hacia las potencias regionales, aun cuando en los últimos años han aumentado las amenazas a la democracia en Brasil, México y Estados Unidos.

Credibilidad y fiabilidad

La capacidad de la CDIA para defender la democracia también depende de la credibilidad y fiabilidad de Estados Unidos como socio. En 2004, el gobierno estadounidense no respaldó la aplicación de la Carta Democrática en favor del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide antes de que este fuera derrocado. Durante la crisis de Honduras en 2009, se extendió por todo el hemisferio una sensación generalizada de traición cuando Washington supuestamente incumplió su compromiso previo de no reconocer al ganador de las elecciones presidenciales de octubre de ese año a menos que, primero, se restituyera en el poder al derrocado presidente Manuel Zelaya.

También parece que, en los últimos años, Estados Unidos ha instrumentalizado la CDIA como una herramienta contra gobiernos autoritarios adversarios de izquierda, al tiempo que ha pasado por alto las acciones antidemocráticas de aliados o amigos en momentos concretos, como en los casos de Honduras y El Salvador. La credibilidad de Estados Unidos también se ve cuestionada por sus acciones recientes -o la falta de ellas- respecto a Venezuela, incluida la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la aparente ausencia de compromiso con un calendario electoral firme, elemento esencial para el restablecimiento de la democracia.

Aunque la CDIA es criticada por privilegiar a los presidentes en ejercicio y a los Estados miembros en detrimento del acceso de la ciudadanía y la sociedad civil, también ha impulsado a una gran variedad de otros actores a pasar a la acción. Desde 2024, diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han manifestado su apoyo a la solicitud formal del gobierno de Guatemala para obtener una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la democracia, tal como está consagrado en la Carta Democrática.

Dada la creciente securitización de la agenda hemisférica, la intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China, y la lucha contra el narcotráfico y la migración, es poco probable que los gobiernos de las Américas muestren mucho interés en una revisión profunda de la Carta Democrática.

A pesar de sus deficiencias, la Carta Democrática ha demostrado reiteradamente su valor de maneras modestas pero significativas. La CDIA sigue siendo lo que diversos actores -no solo presidentes y Estados- hacen de ella. Ante las amenazas actuales y emergentes para la democracia en las Américas, cabe esperar que estos actores trabajen tanto dentro como fuera de la OEA para hallar formas creativas de activar la Carta Democrática en los años venideros.