El martes, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, propuso crear una mesa de diálogo que incluya a grupos radicalizados y terroristas como la CAM.

El INDH llega tarde y mal. Esto no sorprende, pues son víctimas de una ideología que los obliga a maquillar el diagnóstico y a errar profundamente en sus recomendaciones. Su propuesta, además de ser un insulto a las víctimas de la violencia, es ingenua, antidemocrática e inconducente para el objetivo de poner fin a la violencia.

Es ingenua, pues repite los errores de la ex ministra del Interior Izkia Siches, quien ante el llamado de la CAM a reivindicar la violencia política “sea quien sea que esté gobernando”, respondió que el diálogo debía incluir a todos los actores, “incluyendo a la CAM”. Fue esta ingenuidad frente a la violencia, mezclada con su ya conocida superioridad moral, la que terminó por hacerla salir entre balazos de Temucuicui y tiempo después a dejar su cargo.

Es antidemocrática, ya que socava los fundamentos del Estado de Derecho. La democracia descansa en la igualdad ante la ley, lo que implica que toda persona, sin distinción, debe cumplir con ella y responder por sus delitos. La propuesta de sentar en la mesa a grupos que creen estar por encima de la ley, usando abiertamente la violencia para conseguir sus fines, es una renuncia al Estado de Derecho y un paso en favor de la impunidad de grupos terroristas.

Su propuesta es inconducente para poner fin a la violencia. Primero, porque relativiza el delito, al sugerir que aquí concurrirían circunstancias que los harían merecedores de la posibilidad de negociar (y obtener al menos parcialmente los fines buscados por la vía violenta), en vez de ser perseguidos y sancionados por sus crímenes. Esto no es sino restar gravedad a lo que ocurre en La Araucanía y legitimar a todos quienes intenten alcanzar sus objetivos al margen de la ley y tengan la fuerza para hacerlo.

Segundo, al instalar la idea de que la violencia en la Macrozona Sur no diría relación con conductas criminales, sino con algo diferente (el INDH dirá qué), se sigue distrayendo a la institucionalidad del objetivo urgente de fortalecer la inteligencia, las capacidades operativas de las fuerzas policiales y los sistemas de persecución penal, que cada día están más sobrepasados por el terrorismo y el crimen organizado.

Por último, el intento de respaldar esta idea con lo ocurrido en Colombia con las FARC al menos debe cuestionarse. En efecto, el gobierno colombiano debió bajar los brazos ante grupos radicalizados luego de décadas de tolerar, relativizar, “poner contexto” y hacer vista gorda frente al problema. El desafío de Chile es avanzar decididamente en desarticular estos grupos mientras sea posible, ya que, si seguimos esperando, un día terminarán por sentarse a la mesa a imponer condiciones al Estado. Pero seguramente ese día no tendremos la opción de elegir si sentarnos o no con ellos.

Por Ignacio Abarca, Fundación Aire Nuevo