Educación pública, gratuita y de calidad. No+SENAME. No+AFP. No+Abusos. Estallido Social. Todas son banderas que, con mayor o menor razón, han coloreado calles de los últimos 15 años. A estos gritos se suman muchos otros, más hondos y sentidos, que llenan los corazones de miles de chilenos silenciosos que esperan años por una operación, que ven con distancia el sueño de la casa propia y se llenan de indignación cuando sus hijos, por paros y carencias educativas, son cooptados por la calle. Estas demandas nos recuerdan que nuestro país tiene una cuenta pendiente; la “cuestión social chilena” no está resuelta.

Hay que reconocerlo: una Constitución no está llamada a resolver estas carencias, reemplazando el rol del crecimiento o la política social. Sin embargo, tampoco es concebible que en un país como el nuestro -con 16.9% de pobreza multidimensional, 1.089.000 de déficit habitacional y clases medias cada vez más precarizadas- se tire la pelota para el córner. La Constitución debe ser el pilar de una sociedad más justa y solidaria. La buena noticia es que, como pocas veces, tenemos una propuesta que sí lo hace.

El texto propone una Constitución Social. Lejos de abstracciones ideologizadas de “todo-Estado” o “todo-Mercado” la propuesta incluye un equilibrio razonable y flexible entre un Estado maduro que sabe ser solidario y subsidiario, estableciendo desde el primer artículo su deber de promover “condiciones de justicia y solidaridad”; fuerte cuando se necesita, pero estrictamente respetuoso de las libertades y derechos; que protege la iniciativa privada, promoviendo el emprendimiento y la libre elección, a la vez que asume el rol de garante de quienes más lo necesitan; que tiene deberes claros y exigentes en educación, salud, vivienda, acceso al agua y pensiones, pero siempre sujeto a la responsabilidad fiscal.

Este “Estado Social a la chilena”, incorporado en las 12 Bases y transversal a la propuesta, cristaliza una de las mejores lecciones de nuestra historia político-social; que lo público y lo privado no son antagonistas, sino co-constructores de una sociedad mejor. Nuevamente, alejadas de las rencillas academicistas, la solidaridad y la subsidiariedad se dan la mano, aceptando juntas el desafío de trabajar eficientemente en lo único que importa: darle a nuestras familias e hijos el país que se merecen.

Por Pablo Mira, director de Desarrollo IdeaPaís