Cada país establece su sistema regulatorio ambiental, que en algunos casos es más estricto y en otros más laxo. En Chile, desde 1994, año en que se dictó la Ley de Bases del Medio Ambiente, se ha ido avanzando a más y mejores normas ambientales, sobre todo, en la implementación de eficientes sistemas de fiscalización. Sin embargo, el estándar de nuestro ordenamiento todavía dista de aquellos países más estrictos en materia ambiental. Esa brecha para llegar a los más altos estándares internacionales se suple, especialmente en la gran minería, a través de compromisos que van más allá de lo exigido por las normas o los permisos otorgados.
Tributariamente, los costos asociados a estos compromisos “más allá de lo obligado” son posibles de descontar de la renta operacional y, de esta manera, nace un incentivo a realizar desembolsos que ayudan a la comunidad y el medio ambiente.
En esta ecuación, el gobierno tiene una doble función: velar por la protección del entorno y recolectar recursos para su cargada agenda social; y en la medida en que se diseñe bien, el royalty minero es una muy buena herramienta para ello.
La reciente indicación de ajustes presentada por el gobierno al impusto específico que grava al sector minero va en el sentido de aumentar la recaudación, sin embargo, en la forma en que está estructurada, no satisface el objetivo de promover iniciativas para que las empresas vayan “más allá de lo obligado” en materia ambiental o comunitaria.
En efecto, las dos formas más frecuentes para calcular el royalty minero son la ad valorem y la que se cobra sobre el margen de utilidad. La primera de ellas es una tasa que se cobra sobre las ventas de mineral. Con esta fórmula, no hay descuentos asociados a inversiones ni se tiene presente la rentabilidad de la empresa; solo se cobra por mineral vendido. La segunda forma cálculo, al contrario, usa como base imponible las utilidades, es decir, los ingresos brutos menos los costos de operación; y es en estos desembolsos donde se pueden encontrar los gastos “más allá de lo obligado”.
Actualmente, el royalty vigente en Chile es en base a esto último, o sea, se cobra por las utilidades, que es también la fórmula más frecuente a nivel mundial. La reciente indicación presentada por el gobierno aumenta la tasa de dicho impuesto, pero suma un adicional ad valorem. Este nuevo cobro es contradictorio y regresivo: no solo no tiene presente las realidades de cada faena, sino, sobre todo, no genera incentivos de asumir compromisos ambientales y sociales “más allá de lo obligado”.
Cuando no se tiene los estándares regulatorios ambientales y sociales más altos, se deben dar los incentivos para llegar a ellos. Con un diseño inteligente de tributación se puede cumplir con el doble objetivo de obtener una alta recaudación y, además, una mayor protección ambiental. El royalty ad valorem no ayuda a eso.
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