Combate efectivo al crimen organizado



Por Joanna Heskia, abogada

Hemos sido testigos recientemente del terrible y alevoso asesinato de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo que se encontraba de luna de miel en Colombia. Este hecho, además de ser tremendamente doloroso desde lo humano, deja en evidencia el inmenso y aterrador poder que ostenta el crimen organizado en nuestra región. Y aunque quisiéramos pensar distinto, nuestro país no se encuentra ajeno a este fenómeno.

Efectivamente, en Chile, ya desde hace demasiados años venimos siendo testigos de cómo este flagelo crece sin control, invadiendo las poblaciones, corrompiendo instituciones y sembrando muerte y desesperanza. La respuesta no puede seguir esperando y como Estado y como sociedad tenemos el deber de combatirlo de manera urgente y eficaz, dejando atrás la idea de que bastan las herramientas tradicionales de la persecución penal.

Actualmente se encuentra en el Senado un proyecto de ley que tiene por objetivo hacer más efectiva la batalla contra el crimen organizado. Dicho proyecto incorpora algunas mejoras que apuntan en la dirección correcta, pero que siguen siendo a todas luces muy insuficientes.

Existe consenso nacional e internacional en que cualquier avance en esta batalla debe necesariamente centrarse en privar de todas las ganancias ilícitas a los grupos organizados. Sin dinero, no hay soldados, no hay poder de fuego, ni poder corruptor. Sin embargo, y a diferencia de lo que contempla el boletín, esto no se cumple solo con tener una legislación que haga más sencillo y eficaz el congelamiento, incautación y comiso de los bienes ilegítimamente adquiridos. Lo que se requiere, en primer lugar, es la capacidad operativa de poder rastrear, identificar y localizar dichos bienes, ya que, en la mayoría de las ocasiones, la criminalidad organizada cuenta con sofisticados medios y asesores que permiten moverlos, ocultarlos y blanquearlos.

Por ello, lo que urge es una decisión política de atacar decididamente este flagelo, dotando al sistema de persecución criminal de herramientas y técnicas que permitan el desarrollo de investigaciones de inteligencia financieras y tributarias como elemento central de la persecución. Para esto, y de acuerdo a estándares internacionales, se recomienda el establecimiento de un organismo centralizado e interdisciplinario que cuente con una dotación de fiscales especializados, policía, agentes del servicio de impuestos internos, de aduanas, migraciones y profesionales expertos en temas contables, financieros y societarios. Este organismo debe contar con facultades y recursos suficientes, que permitan por un lado una labor de investigación sofisticada y acuciosa, pero que, por otro, también le permita la obtención de evidencia de buena calidad como insumo para la obtención de sanciones y comiso definitivo de los bienes. Finalmente, debe tener las facultades y recursos para poder coordinarse con instituciones extranjeras similares y con los respectivos organismos multilaterales.

Lamentablemente, si no somos capaces de abordar seria y urgentemente este tema, ya será demasiado tarde.

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