Opinión

Complejo debut de la “Ley Cholito”


El 12 de febrero entró en vigencia la obligatoriedad de identificar -mediante un microchip o algún dispositivo externo- y registrar a los animales de compañía en el nuevo registro nacional de mascotas, tal como lo contempla la ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, aprobada en 2017. Para el caso de perros considerados potencialmente peligrosos -el reglamento respectivo de la ley identifica nueve razas-, deberán además estar inscritos en un registro especial, y tanto los dueños como sus caninos deberán participar en un curso de adiestramiento de obediencia. Quienes incumplan las disposiciones de esta ley arriesgan multas de hasta $1,4 millón.
El advenimiento de los plazos y la circunstancia de que ello coincidiera con el período en que la mayoría de los chilenos toma sus vacaciones, ha provocado confusión en muchos y reclamos por la escasez de “chips”. Es por ello que el gobierno ha hecho un llamado para que los municipios -que serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de estas normas en sus respectivos territorios- apliquen una “marcha blanda”, de modo que las fiscalizaciones apunten en una primera etapa a orientar e informar a las personas, y no se conviertan en “fuentes de recaudación”.
Es llamativo que una ley que fue celebrada por muchos -en el Congreso recibió de hecho una aprobación prácticamente unánime-, haya debutado entre la polémica, falta de información y, al parecer, sin el entusiasmo inicial. Al 12 de febrero, apenas figuraban poco más de 200 mil mascotas inscritas, en circunstancias que se estima un universo potencial de cinco millones de animales, entre perros y gatos. Próximamente deberían incorporarse en la obligatoriedad otros animales, como conejos y hamsters, ya que la ley es amplia al definir como mascota a todo animal doméstico, cualquiera sea su especie.
Una ley bien intencionada, terminó convertida en una normativa frondosa, llena de restricciones, que en la práctica serán de muy difícil fiscalización -sobre todo en zonas rurales-, y que establece obligaciones que riñen con la realidad socioeconómica de la mayoría de los hogares, donde incurrir en la compra de “chips”, y los respectivos servicios veterinarios para su instalación, serán una carga difícil de sobrellevar y que previsiblemente incumplirán, a no ser que los municipios masifiquen programas gratuitos, lo que representaría un significativo costo fiscal. También se han cercenado libertades que siempre se entendieron consustanciales a la tenencia de animales domésticos, como poseer hembras reproductoras en el hogar, sin necesidad de inscribirse como “criadero”.
Ahora que comienzan a decantarse los alcances de esta ley, sería útil que la misma ciudadanía esté más atenta a las implicancias de precipitarse en conceder amplias facultades discrecionales al Estado y asimile los efectos que ello puede conllevar para sus propias vidas. Problemas que era necesario regular, como los perros vagos, la tenencia de animales peligrosos y el maltrato animal, podían abordarse sin necesidad de haber incurrido en un exceso de regulaciones.

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