Estamos a dos meses de que un nuevo presidente asuma la conducción del país, respaldado con un histórico apoyo en las urnas y con un Congreso que le puede otorgar un importante respaldo a sus iniciativas legislativas para cumplir los compromisos del programa “fuerza del cambio”. No obstante, sin perjuicio de que en las bases programáticas y el discurso se ha enfatizado la necesidad de una fase de gobierno de emergencia, subsiste cierta incertidumbre si el legado final en un horizonte de cuatro años se va remitir solo a algunas mejoras en temas de seguridad, economía y de orden social.

Lo anterior no tiene por qué no ser una opción valorable y sensata, ya que, en estricto rigor, nadie podría no querer barrios más seguros, servicios públicos más eficientes, más demanda de empleo, mayor control al comercio informal, mayor acceso a la vivienda, reducir las listas de espera, evitar la toma de terrenos, entre otros objetivos. Sin embargo, la posibilidad de mejorar de este modo la condición de vida de los habitantes en las ciudades y territorios está lejos de ser suficiente e incluso para mover de forma significativa la aguja en ciertos indicadores de bienestar para la ciudadanía.

En particular, las acciones en políticas públicas para mejorar las condiciones de vida en nuestras ciudades y territorios no puede remitirse solo a temas de gestión, sin perjuicio que siempre será positivo hacer las mismas tareas de Estado en forma más eficaz y eficiente. El legado debe tener un mayor grado de ambición, para lo cual se precisa una cartera de inversión pública que precise cómo lograremos avanzar a ciudades y territorios más justos, sostenibles e inclusivos, es decir, iniciativas concretas, no solo fijar objetivos. Y, por otro lado, en materia regulatoria en temas de ordenamiento territorial y planificación urbana, tomar en consideración que un exceso de flexibilidad puede profundizar las problemáticas socioterritoriales y desigualdades existentes en el país.

Finalmente, se puede considerar que el mejor legado de un gobierno de cuatro años en materia de desarrollo urbano y territorial está en equilibrar de buena forma iniciativas de orden más operativo con otras de carácter más estratégico, no siendo necesario para ello ser refundacional.

Por Arturo Orellana, director Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile.