Se ha promulgado el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Lo anterior, después de haber sido declarado conforme con la Constitución por el Tribunal Constitucional.

Aunque el clima electoral que vivimos suele opacar las buenas noticias que están ocurriendo, se trata de un hito importante que merece relevarse, sobre todo porque obedece a la percepción generalizada de que las víctimas de los delitos no han encontrado, hasta ahora, un apoyo eficaz de parte del Estado, tanto en la contención como en lo relativo a la persecución criminal. De alguna manera, esta función debía haber sido asumida por el Ministerio Público al que, constitucionalmente, le corresponde la protección de las víctimas de los delitos como de los testigos. Sin embargo, parece evidente que existe una carencia que debía ser abordada y que la promulgación de este proyecto de ley viene a cubrir superando, además, la desigualdad que, en materia de defensa jurídica existía hasta hoy entre imputados y víctimas de delitos.

Debe recordarse que la propuesta de nueva Constitución del Consejo Constitucional, que fuera sometida a plebiscito en diciembre de 2023, contemplaba un capítulo completo destinado a regular un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Pese a que la propuesta fue rechazada, es claro que esta preocupación estuvo entre aquéllas que formaron parte de los debates en torno a un renovado pacto fundamental para Chile.

Tal y como se lee en el proyecto promulgado, el objeto del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas será permitir el acceso a la justicia, derecho fundamental que se vincula a la necesidad de que los derechos sean efectivamente protegidos a través de las acciones que el ordenamiento jurídico diseña para este efecto. Ello no sería posible si no se puede acceder a la orientación legal pertinente como a la asesoría y representación jurídica ante los tribunales de justicia. Pero, además, el proyecto se hace cargo de asignar al nuevo Servicio el apoyo social y psicológico a las víctimas de los delitos que es tanto o más importante que el apoyo jurídico.

Una reforma constitucional del año 2011 había mandatado a la ley para señalar los casos y forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrían de asesoría y defensa jurídica gratuitas a efectos de ejercer la acción penal. Sin embargo, hasta ahora, estaba pendiente la dictación de la ley que cumpliera ese mandato más allá de los esfuerzos que venían realizando las corporaciones de asistencia judicial y las clínicas jurídicas de las distintas facultades de derecho.

La puesta en funcionamiento del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas viene así a hacerse cargo de una carencia evidente en nuestro sistema institucional además de fortalecer el acceso a la justicia pronta y efectiva a quienes son víctimas de delitos que cada vez han ido incrementándose en intensidad y gravedad.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD