El anuncio de incorporar progresivamente todos los cánceres al GES entre 2028 y 2031 es una gran noticia y responde a una demanda sentida por los pacientes y sus familias.

Las personas con cánceres no incorporados al GES pueden recibir atención en el sistema público, pero sin la misma certeza de acceso y oportunidad. Las diferencias comienzan incluso antes del diagnóstico, por las dificultades para acceder a consultas, exámenes y procedimientos de confirmación. Esta expansión puede ser un avance sustantivo, siempre que se precise qué etapas —sospecha, diagnóstico, etapificación, tratamiento y seguimiento— quedarán garantizadas.

Una decisión de esta magnitud exige conocer cómo se construirá la garantía y qué antecedentes técnicos, financieros y asistenciales permitirán cumplirla. Es indispensable definir qué prestaciones y tratamientos incluirá, para qué pacientes, bajo qué condiciones y plazos.

Incorporar nuevos problemas de salud requiere definir garantías y canastas, estimar la demanda, realizar el Estudio de Verificación de Costos, considerar la opinión del Consejo Consultivo GES y acordar el financiamiento entre Salud y Hacienda. Hasta ahora no se conocen públicamente los costos, antecedentes técnicos ni recursos comprometidos. El último decreto amplió el GES de 87 a 90 problemas de salud, modificó once canastas y comprometió cerca de $100.740 millones adicionales al año. Esto muestra la magnitud financiera del desafío.

Además, una garantía no crea capacidad asistencial. La red pública mantiene brechas en sillones de quimioterapia, centros y equipamiento de radioterapia, medios diagnósticos y especialistas como oncólogos, hematólogos, radioterapeutas y anatomopatólogos, limitaciones identificadas por el Ministerio de Salud.

El desafío es evitar que las nuevas garantías se traduzcan en más listas de espera o desplacen la atención de otros problemas GES, igualmente relevantes por su carga de enfermedad. Sin capacidad adicional, priorizar nuevos cánceres podría terminar debilitando garantías ya vigentes.

Esta expansión exigirá fortalecer los equipos multidisciplinarios y distribuir mejor las funciones entre médicos, químicos farmacéuticos, enfermeras, matronas y otros profesionales. La adecuación de roles puede aumentar la capacidad resolutiva, pero debe complementar, no sustituir improvisadamente, las capacidades especializadas que faltan.

Existe también una restricción estructural. El Estudio de Verificación de Costos estima el gasto esperado, pero la cobertura final depende de la Prima Universal acordada con Hacienda, cuyo crecimiento está legalmente limitado. Este mecanismo fue diseñado cuando el GES avanzaba hacia 56 problemas de salud y hoy debe responder a un sistema que ya alcanza 90.

La meta merece respaldo, pero debe acompañarse de evidencia, financiamiento, infraestructura y recursos humanos. De lo contrario, una esperanza legítima puede terminar convertida en una garantía escrita que la red no logre cumplir.

Por Daniela Sugg, economista de la salud