Krishna fue vista por última vez la madrugada del 4 de octubre de 2025 en San Bernardo, luego de acudir a una discoteca en el sector de Barrio Bellavista con un hombre de 44 años. El fiscal regional ha señalado que la línea de investigación es que Krishna no desapareció voluntariamente, sino que habría una intervención de terceros, por lo que la causa se trata como desaparición con presunción de delito. La familia desde el primer momento ha desplegado todos sus esfuerzos en la búsqueda, sin embargo, plantean -de la misma manera que otras familias frente a una situación similar- que durante las primeras horas no recibieron el apoyo necesario lo que tendrá que ratificarse conforme se cierre la investigación.

Persiste una realidad común a cientos de niños y adolescentes que desaparecen y que cuando son buscados simplemente no son “habidos”, muchos de ellos menores de 5 años y algunos desde los mismos centros de protección del Estado. La pregunta que incomoda sigue presente: ¿dónde están los niños, niñas y adolescentes que el Estado perdió de vista?

En 2019 en el contexto de la Comisión Investigadora de personas desaparecidas, presidida por la diputada Erika Olivera, ya advertíamos las vulnerabilidades del sistema de búsqueda y de alerta temprana que, entre otras situaciones, asignaba menor prioridad de búsqueda cuando niños y niñas abandonaban residencias del Servicio de Protección, como si el antecedente de abandono o adolescencia disminuyera su riesgo, claro está que es todo lo contrario. Más aún, una de las conclusiones de la Comisión fue que los casos vinculados al sistema residencial mostraban menores tasas de éxito en las búsquedas que en la población general.

Seis años después, los síntomas se mantienen, aunque hubo cambios importantes en lo normativo. La Ley 21.500 instauró un proceso unificado y un “Sistema Interconectado de Búsqueda”. Aun sin datos consolidados de carácter público para el presente año, sabemos, por fuentes oficiales y judiciales, que la magnitud del problema viene en alza. Sólo en 2023 la PDI recibió 4.302 denuncias por presunta desgracia de NNA (Niños, Niñas y Adolescentes); y en el segundo semestre del mismo año hubo al menos 225 niños a cargo del Servicio de Protección con orden de búsqueda que no habían sido “habidos”, categoría que identifica a niños no localizados en ninguno de sus entornos y que durante 2024 se mantuvo prácticamente sin variaciones.

Es importante dar visibilidad a esta realidad, publicar y monitorear trimestralmente los datos nacionales de desapariciones de niños, desagregados por edad, sexo, territorio, dependencia institucional y resultado, integrando la información de Carabineros, PDI, Ministerio Público y el Servicio de Protección.

Es necesario activar alertas tempranas inmediatas con recursos y tecnologías de vanguardia, disponibles en otros países y con coordinación territorial, frente a denuncias de presunta desgracia en que la víctima sea un niño o adolescente, sin importar las circunstancias, sin importar si es en contexto de una fiesta, o un abandono desde residencias, estableciendo protocolos de alto riesgo, sin rebajas por antecedentes.

Hoy en que vemos el acecho del crimen organizado a la niñez, con redes de trata, explotación sexual, narcotráfico y otros riesgos graves, debemos entender que los procedimientos de búsqueda deben ser inmediatos, coordinados e inteligentes, no dar espacio a dudas ni demoras por eventuales falsas alarmas, ya que el costo de falla es muy alto.

Es urgente mantener actualizadas y gestionadas las órdenes de búsqueda y recogimiento, continuar con la búsqueda de niños “no habidos”, contar con un proceso que logre su localización y además disponga de la oferta necesaria e inmediata para reparar las vulneraciones a las que pudieron haber estado sometidos. Cada hora que pasa es fundamental, dejemos de llegar tarde.

Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo