Algo por lo menos infrecuente: un Presidente recién asumido responde a la emergencia generada por un conflicto externo, tomando una medida que le impondrá un daño enorme a su popularidad. El Mandatario fue leal a su convicción respecto a que el país no está hoy en condiciones financieras para subsidiar un alza en el precio de los combustibles cercana al 40%. Los recursos públicos, sin holguras debido al manejo poco responsable de la administración anterior, no pueden destinarse a subsidiar el precio de la gasolina para los autos particulares. Es una decisión gravosa, que traerá efectos complejos sobre la inflación y el crecimiento, pero lo responsable según la autoridad era asumirla y pagar los costos políticos de inmediato.

Estamos acostumbrados a reclamar y exigir frente a gobiernos siempre temerosos de no poder satisfacer las demandas de la gente. Si una exigencia es popular, los presidentes se inclinan a financiarla. Si las políticas públicas no funcionan como es debido o requieren más recursos que los anticipados en su diseño original, no importa, los dineros públicos van a estar, y no es problema seguir gastando por sobre los ingresos fiscales. Se suponía que el Transantiago no iba a requerir subsidio estatal: en casi veinte años se han debido inyectar miles de millones de dólares, pero a nadie nunca le importó. Con la gratuidad universitaria pasó lo mismo: los recursos para financiar este “derecho universal” han debido ser mucho más que los programados, pero tampoco a nadie le pareció un problema.

Hasta esta semana en que el Presidente decide sacrificar su popularidad y dice “no” a una demanda que no se condice con el escenario fiscal que vive el país. ¿Había una manera distinta de implementarla, quizá con mayor gradualidad? Probablemente. ¿El gobierno cometió errores comunicacionales a la hora de hacer los anuncios? Sin duda. Pero al menos se ha sentado un precedente que será un importante aprendizaje para los ciudadanos: el dinero público no cae del cielo, cuando los países dejan de cuidar sus recursos hay consecuencias que, a la larga afectan a todos. Los miles de evasores del transporte público, los que hacen trampa con licencias médicas falsas, los programas que la propia Dipres cuestiona por su escasa rentabilidad social, ¿no terminan pasando la cuenta? Pues bien, hoy tenemos un Presidente y un ministro de Hacienda que tienen la convicción de que todos los despilfarros y malversaciones de los últimos años sí han pasado la cuenta. Y que, frente a una emergencia de la magnitud de la que hoy se vive a consecuencia de la guerra en Medio Oriente, el Fisco ya no está en condiciones de hacer lo que la gente quería y esperaba.

Un choque contra el muro de la realidad; una negativa gubernamental que dejó a la gente en ascuas, enojada con La Moneda, pero no consigo misma. En simple, un amargo despertar a las secuelas de nuestra propia indolencia frente al uso y abuso de los recursos públicos.

Por Max Colodro, filósofo y analista político