Ya vienen las Fiestas Patrias, una suerte de aperitivo de las campañas. Las pantallas se llenan de candidatos bailando cueca. Luego vienen las campañas electorales en forma y allí asistimos a un festival donde políticos hacen generosas ofertas a los votantes con plata ajena. Vale la pena analizar esto a la luz de principios económicos.

La riqueza que los políticos reparten no la crean ellos ni el Estado, la crean básicamente empresarios y trabajadores. Claro, puede redistribuirse, pero con el riesgo de que termine en un juego de suma cero (lo que ganan unos lo pierden otros). Este proceso crea la ilusión en los más desposeídos que su situación mejorará. La experiencia de los gobiernos desde Michelle Bachelet 2 en adelante es que ha empeorado. Ello porque los beneficios que se entregan se financian con mayores impuestos, y los mayores impuestos disminuyen la creación de riqueza. El Estado sí puede contribuir a la creación de riqueza, pero con mejores reglas del juego: certeza jurídica, menos burocracia, menos impuestos.

El dinero es fungible. Esto significa que cada unidad de dinero (1$) es intercambiable y equivalente a otra unidad del mismo tipo y valor. El Estado no tiene saquitos de plata con un destino determinado. Cuando hay reglas que exigen especificar el origen de los recursos para financiar un beneficio es para cuidar el equilibrio fiscal, pero de manera general, no con un saquito de plata destinado a cada proyecto. Cuando un político le dice que un beneficio se financiará con tal impuesto, es mentira: se financia con toda la recaudación tributaria, que puede ser menor que antes de subir la tasa de impuestos.

Complementario con el concepto anterior es la no afectación tributaria, un principio que está en nuestra Constitución que dice que los recursos provenientes de impuestos no pueden destinarse a un proyecto específico sino son conducidos a un fondo común que recibe el nombre de Tesoro Público. El gobierno tiene facultades para mover dineros de una partida del Tesoro Público a otra.

La aplicación conjunta de estos principios nos lleva a la conclusión que la disminución del gasto fiscal es una poderosa herramienta que tiene el Estado para disponer de más recursos que financien nuevos beneficios o mejoramientos de los que existen.

Por eso el próximo gobierno debe hacer una importante reducción del gasto. Los 25 ministerios que tiene Chile son un despropósito. A lo largo de todo Chile hay miles de jefes de gabinete, asesores comunicacionales y secretarios de funcionarios intermedios (ejemplo los Seremis), remunerados con sueldos que duplican o triplican los que obtendrían en el sector privado dada su calificación. Ellos en su mayoría trabajan para la imagen y carrera política de una autoridad, no para los ciudadanos. Reducir gasto superfluo en un Estado capturado es imperativo.

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo