SEÑOR DIRECTOR:

El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha declarado ante la prensa que están abocados a una agenda para mejorar la “eficacia” del gasto público, es decir, aumentar la capacidad de lograr el efecto buscado, su realidad y validez (RAE).

Esta particular visión del gasto público, que excluye la “eficiencia” como requisito fundamental -ético y lógico- y se concentra solo en la “eficacia”, es congruente con su insistencia en la defensa exclusiva de la legalidad de los actos administrativos.

Alcanzar las metas con el mínimo dispendio de medios -en otras palabras, ser “eficientes”- es obligatorio, sobre todo cuando se trata de bienes comunes o entregados en administración. Es un principio tan antiguo como el hombre, radicado en su instinto, fundado y dictado en su propia racionalidad.

Tampoco es lícito camuflar la ineficiencia de decisiones económicas apelando al pretexto de un moralismo abstracto y quimérico; semejante escapatoria es, por lo general, índice de ignorancia e incompetencia.

Osvaldo Carvajal Rondanelli