El domingo 1° de junio se ha concretado la primera elección, mediante voto popular, de jueces y magistrados en México, convirtiéndose en un caso obligado de análisis en nuestra región. Se ha tratado de un proceso que por primera vez en su historia ha elegido a prácticamente 3.000 jueces en la mayoría de los Estados del país, precedido por una campaña electoral en la cual los candidatos expresaron sus preferencias y posiciones sobre el Poder Judicial. Dentro de dos años se completará la elección de jueces con un segundo proceso electoral.

Si bien en otros países -como en Estados Unidos, Japón, Bolivia o Suiza- existen votaciones populares de cargos judiciales, lo cierto es que en ninguno de ellos se trata de elecciones masivas para todas las instancias del Poder Judicial como lo es en el caso de México.

La reforma llevada adelante para esta elección de la judicatura adolece de varios problemas de los que es necesario hacerse cargo.

El primero y más relevante es que el modelo elegido de selección supone en forma previa a la votación, la confección de listas de elegibles por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ello introduce indeseables incentivos y lógicas político-partidistas que arriesgan la captura del sistema de justicia en México. Al mismo tiempo se abren espacios no deseados para el apoyo económico informal de candidatos por parte de grupos económicos u organizaciones criminales de difícil fiscalización. A todo lo anterior se puede agregar aún el riesgo de contaminar la selección popular de jueces con consignas que contradicen la función contra mayoritaria propia de la función jurisdiccional.

La reforma contempla asimismo la generación de comisiones o instancias de evaluación de la función judicial, cuya integración puede fácilmente ser manipulada de forma política.

En síntesis, de trata de una reforma que retrocede en independencia judicial y que genera condiciones para la captura política del sistema de justicia.

El caso de México nos llama a la reflexión en Chile. En un año marcado claramente por la elección presidencial y en un contexto de críticas sobre la legitimidad de los sistemas de nombramiento del Poder Judicial, Chile requiere un debate serio respecto a su modelo de organización judicial, su gobierno y los procedimientos de selección de jueces y ministros.

En esta dirección, la generación de una comisión de nombramientos, integrada de forma técnica e inserta en la propia orgánica del Poder Judicial, camina en la dirección correcta. Ello por lo demás es la matriz esencial del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo a la discusión parlamentaria y apoyada por diversos centros académicos que requiere de una urgente discusión.

Por Rafael Blanco y Leonel González, académicos Facultad de Derecho UAH