El rechazo de la acusación constitucional deducida en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau constituye un escenario propicio para reflexionar sobre la relación entre las emociones y la actividad política. Este tema ha sido abordado por filósofos de orientaciones diversas como Martha Nussbaum y Agnes Heller.

La pregunta básica que se ha levantado es si existe un conflicto insuperable entre la razón y las emociones de forma que estas últimas operen como un bloqueo para que se impongan decisiones razonables.

En lo que se refiere a la acusación constitucional mencionada resultó razonable que un grupo de diputados activara este mecanismo, porque no puede desconocerse que se trata de una herramienta prevista en la Constitución y que forma parte de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Del mismo modo resultó razonable que se develara, ante la opinión pública, un conjunto de inconsistencias que incidieron en la estimación de la trazabilidad de los fondos fiscales hacia el futuro. Ellas condujeron a que el actual gobierno heredara una deuda que, indiscutiblemente, complica el cumplimiento de sus propias metas. También es razonable que el solo conocimiento de la complicada situación fiscal heredada generara emociones de indignación, frustración y desaliento en diversos sectores de la ciudadanía, las que se asociaron al anhelo de perseguir las responsabilidades respectivas.

Sin embargo, lo que no ha resultado razonable en todo esto es que se activen emociones desmedidas que cifran esperanzas en un instrumento como la acusación constitucional que claramente es un último recurso, sin que se haya podido explicar, por los acusadores, por qué no se ejercieron previamente mecanismos que son propiamente de fiscalización política como la interpelación y la constitución de comisiones investigadoras. Las inconsistencias quedaron en evidencia mucho antes de asumir el actual gobierno porque habían sido constatadas, entre otros, por el Consejo Fiscal Autónomo como lo explica la propia acusación.

La serie de recriminaciones que ha acarreado el rechazo de la acusación constitucional sólo contribuye a incentivar un nivel de emocionalidad ciudadana que no contribuye a una evaluación objetiva y razonable de lo acontecido. En otras palabras, levantan enemigos donde no hay, porque la mayoría de los parlamentarios estuvo de acuerdo en que las inconsistencias habían existido, pero que su persecución topaba con deficiencias en la redacción de la acusación y con déficits normativos que impedían perseguir las responsabilidades a través de ese mecanismo.

Las emociones acompañan inevitablemente la actividad política, pero debe realizarse un esfuerzo porque ellas se mantengan dentro del límite de lo razonable explicando debidamente a la opinión pública cuáles son los verdaderos alcances de las herramientas jurídicas y enfatizando la idea de que, en definitiva, en una democracia, es el pueblo quien exige las responsabilidades finales: en las urnas.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD