SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno ha anunciado que expulsará a 2.600 migrantes en 14 meses, lo que implica deportar a más personas que en cualquier otro año de la última década. Considerando que han ingresado más de 200 mil migrantes de manera irregular al país, no es razonable considerar que las expulsiones son la única respuesta posible. Por lo mismo, las deportaciones debiesen estar enfocadas en quienes han cometido delitos y constituyen una amenaza para la seguridad.

La gran mayoría de quienes hoy están en situación irregular seguirán viviendo en Chile por muchos años y mantenerlos en esa condición es un problema tanto para chilenos como migrantes. La irregularidad aumenta la informalidad laboral y la exclusión social, obstaculizando la integración y, con ello, la seguridad. Quienes no tienen antecedentes penales, trabajan o tienen familia en Chile y se han empadronado, debiesen tener opciones de regularizar su situación. Esto no solo va a prevenir los efectos negativos de la irregularidad, sino que permitirá que los migrantes realicen un mayor aporte al país, al integrarse social y laboralmente.

Juan Pablo Ramaciotti

Director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias