SEÑOR DIRECTOR:

Cuando hablamos de inteligencia estatal hay que tener en consideración dos definiciones iniciales. La inteligencia no es más que información útil para la toma de decisiones y es esencialmente preventiva. Sirve para anticiparse a los hechos. Por lo mismo, nunca hay certezas, siempre hay un rango de incertidumbre y riesgo alrededor de la inteligencia.

Las indicaciones presentadas a la nueva ley de inteligencia parecen no responder a estas definiciones básicas.

En la realidad actual, en que la información circula en grandes cantidades a través de internet y millones de datos son manejados por organismos públicos y privados, más que tener acceso a información, lo que se requiere es procesarla, verificarla y realizar análisis precisos y oportunos. La propuesta retrocede en esto, exigiendo autorización judicial para poder recabar información que posee el mismo Estado. Así, por ejemplo, no debe extrañar que Interior no conozca los antecedentes penales de quienes reciben pensiones de gracia.

Las limitaciones a que se sujeta al Sistema de Inteligencia para acceder a información -en muchos casos pública- contradice el requerimiento que hizo el fiscal nacional, al considerarlo esencial para las correctas decisiones en la desarticulación de bandas criminales. Cuando los países desarrollados centran sus debates sobre inteligencia en el procesamiento de forma masiva y automatizada de toda clase de datos, estas indicaciones desarman al Estado frente al crimen organizado. La solución debería ir por dotarnos de herramientas modernas para proteger a los ciudadanos, siempre sujeto a un régimen de control efectivo para evitar el mal uso de la información obtenida.

Juan Francisco Galli

Ex subsecretario del Interior