Dos reos liberados por error desde Gendarmería en estos días, sumados a otros seis en los últimos ocho meses, y un par de funcionarios muertos en fecha reciente en extrañas circunstancias, dan cuenta de una situación anómala, no atribuible al azar. En efecto, se inscriben dentro de un panorama mayor que se ha venido advirtiendo en los últimos años, cuando la sobrepoblación se convirtió en hacinamiento, la reinserción en un fracaso crónico y la corrupción en parte del paisaje cotidiano interno.

No podemos tapar el sol con una mano; la institución ha topado fondo y la magnitud del problema pone en compromiso el cumplimiento de funciones vitales para la justicia penal y la seguridad pública. La explicación de este fenómeno es multicausal y se ha ido gestando en el tiempo, sin que se haya actuado con profundidad para evitar o corregir los vicios que se fueron concatenando de un modo sistemático.

Entonces, los errores mencionados no se reducen solo a un supuesto “sabotaje” de los gremios a raíz de una reforma constitucional que terminaría con su existencia, pues esa modificación -necesaria, por cierto- acusa uno de los muchos factores que han ocasionado esta inenarrable situación carcelaria. Antes que eso debemos reconocer como variable principal el incremento del crimen organizado que ha infiltrado Gendarmería, alterando seriamente su efectividad en tareas de custodia y rehabilitación.

Nada parece impedir el ingreso y uso activo de celulares, facilitando su comunicación con delincuentes externos; nada detiene el tráfico de drogas que ha convertido a estos recintos en verdaderas “boutiques” del mercado ilícito; nada evita la participación significativa en delitos y malas prácticas funcionarias de integrantes de la institución. Tras estos hechos se debe reconocer una inédita forma de actuación criminal, donde grupos organizados actúan en las cárceles para perpetrar crímenes dentro y fuera de ellas.

Enfrentamos una nueva morfología del crimen, con una organización operativa informal que ha generado una economía paralela que administra cifras cuantiosas a través de la cuales extorsiona a gendarmes, policías, fiscales y jueces. Actúan en Chile y en el extranjero a través de entidades de origen latinoamericano o filiales locales como el Tren de Aragua, el Primeiro Comando da Capital, el Comando Vermelho, la Mara Salvatrucha, los Shottas, los Pulpos, o los Gallegos, entre muchas otras.

Esta realidad genera lo que especialistas denominan “gobernanza criminal penitenciaria”, que procura el control gradual de las cárceles. Dentro de este contexto es el que se deben analizar los hechos que dan pie a esta reflexión. El colapso de la infraestructura, la elevada reincidencia, el incremento de la indisciplina funcionaria, se ven entremezclados con el crimen organizado de un modo inusitado.

Los gremios entorpecen el funcionamiento del sistema, pero los niveles alcanzados deben explicarse bajo esta perspectiva o los esfuerzos de cambios en Gendarmería serán infructuosos. Una reforma integral, con cirugía mayor, se hace inescapable.

Por Hernán Larraín, abogado y profesor universitario