Impericia frente a crisis financiera de Isapres

Suponer que las pérdidas no importan, porque las Isapres van a aportar el nuevo capital que sea necesario recurriendo a utilidades pasadas, como ha declarado la ministra de Salud, es desconocer por completo la racionalidad de cómo opera el sistema.


En algunos sectores, como en seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo ha debido ir ajustando su accionar a lo requerido por la realidad, asumiendo la responsabilidad de gobernar. No ocurre así en el ámbito de la Salud, donde en materia de Isapres todo parece encaminarse a un punto de quiebre financiero, sin que la autoridad sectorial se responsabilice por la situación y busque los correctivos necesarios para evitar un impacto sistémico.

Solo recientemente la ministra de Salud inició reuniones con las Isapres, dando algún reconocimiento a objetivos de corto plazo: “Nosotros creemos que podemos facilitar conversaciones, comprender algunos elementos de corto plazo en la relación que tenemos con las organizaciones de salud privada”; pero enfatizando que su interés va por otro lado: “Lo más relevante es el segundo punto, que es cómo concordamos una ruta, paso a paso, bien pensada, en esto que para nuestro programa de gobierno es tan importante, que es la generación del fondo único de salud”.

La asfixia financiera de las Isapres es grave. En el primer trimestre de 2022 tuvieron una pérdida de $21.000 millones, tras un 2021 con pérdidas por $137.000 millones. Detrás de este cuadro insostenible hay una fuerte demanda por prestaciones, costos al alza, la negativa del gobierno a validar los acuerdos alcanzados previamente con las Isapres en torno a criterios para elevar tarifas, el impacto financiero de la judicialización que les impide ajustar precios, así como el incremento en el costo de las licencias médicas, que ya representa $183.000 millones por trimestre.

La autoridad está especulando con alternativas muy dañinas para los afiliados. Ante la posible quiebra de una aseguradora, aquellos que tengan preexistencias no serían recibidos por otras Isapres, debiendo ir a Fonasa. Esta alternativa resulta altamente indeseable para quienes observan que en el sistema público existen del orden de 360 mil cirugías pendientes, 63 mil patologías GES con su plazo vencido y cerca de 2 millones de consultas de especialistas en lista de espera. También, como se ha documentado, las Isapres deben hoy a las clínicas una suma en torno a los $440 mil millones, en respaldo de lo cual -y contrariando las regulaciones que la autoridad administrativa debería fiscalizar- solo tienen garantías para cubrir una mitad de lo adeudado.

Si bien estas cifras dimensionan elementos concretos, no abordan la complejidad de una transición hacia cualquier nuevo régimen, que puede ser caótica. Evitar la crisis, mientras el Congreso acuerda las reformas que le competen, supone necesariamente la voluntad de la autoridad sectorial a enfrentar su responsabilidad privativa, acordando y fiscalizando la aplicación de un sistema racional de reajuste de tarifas y que termine con la judicialización, poniendo en orden la gestión de las licencias médicas. Suponer que las pérdidas no importan, porque las Isapres van a aportar el nuevo capital que sea necesario recurriendo a utilidades obtenidas en años anteriores, como ha declarado la ministra de Salud, desconoce por completo la racionalidad con que operan los mercados que esta autoridad debe supervisar.

La disposición a aportar nuevos capitales para enfrentar pérdidas depende de que estas se perciban como transitorias, tal que los aportes permitan acceder a un futuro viable. Pero no es ese futuro el que planean las autoridades, que han sido explícitas en cuanto a que la idea es que las Isapres desaparezcan de la seguridad social.

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