Por décadas, Chile se enorgulleció de su estabilidad institucional y robusto sistema financiero. Sin embargo, el avance del crimen organizado ha demostrado que nuestra capacidad institucional no basta, las organizaciones criminales se infiltran en los intersticios del sistema económico, lavan dinero, financian operaciones ilícitas desde actividades legítimas, envían remesas al extranjero y corrompen. En este nuevo escenario, no solo se requieren mejores herramientas de investigación, mejores cárceles o más tecnología para hacer frente a este nuevo escenario, se requiere de un Estado que logre articularse para prevenir que nuestro sistema financiero sea utilizado por el crimen organizado, atacando de manera efectiva los flujos financieros de estas organizaciones.

El proyecto de ley que busca crear el Subsistema de Inteligencia Económica es un paso en la dirección correcta, pero padece de problemas estructurales. En lugar de levantar un sistema robusto de análisis e integración de información, se limita a mejorar el tratamiento de datos al interior del Estado, sin articular un verdadero ecosistema de inteligencia económica con una capacidad preventiva y estratégica fortalecida, basada en el análisis datos. Peor aún, la propuesta en segundo trámite, no delimita claramente sus funciones ni su coordinación con otros órganos, lo que puede redundar en duplicidades, conflictos y escasa utilidad operativa. De igual forma, presenta una disonancia institucional, al señalar que solo actuará bajo ciertos delitos, lo que levanta una tensión inmediata con el Ministerio Público.

Una alternativa viable y que cumpla con el objetivo de “seguir la ruta del dinero” que inspira el proyecto, es la creación de una Unidad Especial de Análisis Financiero contra el Crimen Organizado, liderada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), e integrada por unidades especializadas del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas. Este sistema de inteligencia económica operaría bajo un modelo de gestión orientado al análisis avanzado de datos, capaz de actuar tanto de forma autónoma, generando alertas, como a requerimiento, permitiendo detectar patrones de riesgo, brechas o vulnerabilidades en nuestro sistema financiero y zonas geográficas vulnerables, alertando a las instituciones correspondientes, junto con entregar información estratégica valiosa para las políticas públicas.

Las tareas de análisis preventivo de este sistema permitirían anticipar amenazas, desarrollando matrices de riesgo por sectores económicos, actividades sospechosas o zonas críticas, como puertos, zonas francas o sectores con un comportamiento comercial anómalo. En paralelo, su capacidad de responder a requerimientos del Ministerio Público, consolidando la información a través de un análisis conjunto, lo posicionaría como un eslabón clave en la persecución estratégica del crimen organizado, permitiendo asistir de forma eficiente a las investigaciones penales correspondientes.

Una instancia de trabajo de esta naturaleza requiere de resguardos institucionales, funciones claras, exclusión de tareas investigativas penales, tratamiento secreto de la información, mecanismos de protección para los funcionarios, estatutos de probidad y acceso diferenciado a los datos. Asimismo, este proyecto debería abordar de manera seria, más allá de frases rimbombantes, procedimientos para agilizar, en caso de ser necesario, el acceso a la información personal financiera, manteniendo los resguardos actuales a las garantías y derecho de los ciudadanos.

Esta propuesta no solo refuerza la lucha contra el crimen organizado, también moderniza la gestión del Estado en su conjunto, permitiéndole usar de manera estratégica la información que ya posee, sin vulnerar garantías, ni invadir funciones propias de otros órganos. Porque combatir al crimen organizado en serio implica entender cómo fluye el dinero y cómo se abusa de la legalidad para delinquir. Y para eso, se requiere un diseño institucional y de política pública acorde al desafío que presenta el crimen organizado, no un eslogan.

Por Francisco Alcorta, investigador del Programa Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo