La alerta que encendió el Tren de Aragua

La constatación de que peligrosos carteles de alcance regional ligados al narcotráfico ya operan en Chile -con sus prácticas extorsivas, secuestros, asesinatos y redes de protección- constituye una de las más graves amenazas que enfrenta el país.




El operativo policial llevado a cabo por estos días en Arica y que logró desbaratar una peligrosa banda por lo visto ligada al Tren de Aragua -un peligroso y temido cartel de origen venezolano, cuyos tentáculos se expanden por la región- no hace más que confirmar que el crimen organizado está proliferando en el país, de la mano de prácticas como homicidios por encargo, secuestros, extorsiones y la cooptación de funcionarios para asegurarse eficientes redes de protección, a lo que se suma un alto poder de fuego. En el operativo fue encontrado un cadáver sepultado, sin que pueda descartarse que con el paso de los días aparezcan más. El propio Presidente Boric se vio obligado a reaccionar. “Lo que ha pasado en Arica es estremecedor, a partir de esta organización que se llama Tren de Aragua; es algo que no vamos a permitir que se siga desarrollando en Chile”.

El año pasado una investigación periodística de este medio ya había dado cuenta de la presencia de este temido cartel en el país, y dos recientes reportajes mostraron tanto la forma en que explota a mujeres para el comercio sexual, así como la estructura y funcionamiento que tiene dicho grupo en Chile, además de revelar detención de parte de quienes lideran su cúpula en el país, gracias a una investigación encabezada por la Fiscalía de Tarapacá y la PDI.

La presencia de estos peligrosos carteles, en general ligados a la industria del narcotráfico -ya hay evidencia de que también operan aquí el de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y El Golfo-, es de las mayores amenazas a las que se ve enfrentado el país. La ciudadanía ha podido comprobar en carne propia el inquietante incremento de hechos delictivos de inusual violencia. Casi a diario los medios informan de ajusticiamientos en plena vía pública, constantes balaceras presumiblemente entre bandas rivales -en estos intercambios de disparos varios civiles inocentes, entre ellos niños, han perdido trágicamente la vida- mientras que ahora último han cobrado notoriedad casos de secuestro, especialmente de personas jóvenes, por quienes se piden altas sumas de rescate.

Si bien las denuncias por secuestro han aumentado este año más de 30% en la Región Metropolitana -con más de 30 casos-, aquellas que efectivamente se han podido comprobar como tales han caído ligeramente respecto de 2021; con todo, hay un dato que resulta inquietante: el 44% tiene directa relación con la narcoextorsión, que por ahora ha afectado fundamentalmente a personas extranjeras.

Si bien Chile sigue estando entre los países de la región con menores tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes -ello en un contexto donde América Latina y el Caribe lidera las tasas de homicidio a nivel mundial-, las estadísticas muestran que este delito va en aumento. Entre enero y mayo de este año se han registrado más de 350 hechos de este tipo a nivel nacional -un incremento de 26% en relación con igual período de 2021-, donde más del 60% fue cometido con armas de fuego. Como siempre, los promedios pueden ser engañadores, pues en la Región de Tarapacá la tasa de homicidio excede largamente la media nacional, acercándose a la realidad de Haití.

Es probable que la mayoría de estos casos de alto impacto involucren a bandas rivales que luchan por la conquista de “territorios”, y muchas de sus víctimas sean -por ahora- extranjeros. Quizás algunos puedan pensar que por tratarse de ajustes de cuentas la amenaza podría no ser tan grave. Dicho predicamento es equivocado e irresponsable, porque tal como demuestra la experiencia internacional, es cosa de tiempo para que prácticas como el secuestro, la extorsión, el asesinato y las amenazas comiencen a extenderse también hacia el resto de la población civil, medios de comunicación, fiscales o sobre todo tipo de autoridades, poniendo en grave riesgo los cimientos del Estado.

El país debe tomar conciencia sobre el riesgo latente que se está incubando, lo que exige que el combate al crimen organizado sea una prioridad en la estrategia global contra el delito. Naturalizar o “acostumbrarse” a hechos de esta gravedad puede llevar a daños irreversibles. Ya son vastos los barrios -o incluso comunas- que se encuentran tomados por bandas narco, donde el Estado de Derecho parece estar en retirada, y el fenómeno, lejos de aplacarse, parece ir en constante aumento. Es momento para tomar conciencia de que ya no se trata de un fenómeno aislado, y que el país enfrenta una amenaza real. La ligereza o desaprensión con la que el tema suele ser abordado a nivel del debate público desafortunadamente lleva a preguntarse si es que se le ha tomado el peso a este asunto.

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