El entorno inmediato de Chile muestra contrastes y tensiones. Perú y Argentina buscan por una parte superar su inestabilidad política y económica, como también nutrirse de las inversiones chinas y el apoyo americano. Bolivia intenta redefinir su modelo productivo y fortalecer sus instituciones bajo el lema de “capitalismo para todos”. Frente a ello, Chile debe decidir si potencia su capacidad empresarial y actualiza su ponderación geopolítica y económica, robusteciendo el control y uso de sus espacios marítimos, su condición minera y su estabilidad institucional u opta por gestionar sin grandes sobresaltos el futuro.

La autonomía estratégica —basada en nuestras capacidades territoriales y humanas— debe ser un nuevo principio ordenador. No se trata sólo de tener presencia en el mundo, sino de proyectarla desde una agenda propia, pragmática y desideologizada, que ponga el desarrollo nacional al centro. La política exterior del siglo XXI debe anticipar tendencias, promover innovación científica, abrir oportunidades energéticas y tecnológicas, y consolidar a Chile como un puente entre América del Sur, la cuenca del Pacífico, incluida India.

Reordenar las prioridades implica mirar y cuantificar el territorio como la formación de su población como un activo: habitado, productivo y con identidad. Integrar el norte minero y energético con los corredores logísticos desde Bolivia y el noroeste argentino y más allá con el Chaco paraguayo; conectar el sur austral con la proyección antártica; fortalecer la presencia en zonas extremas, y articular políticas que fomenten repoblación, conectividad y cohesión social. El territorio no debe ser visto como frontera, sino como plataforma de cooperación, seguridad y desarrollo, y nuestra capacidad formativa de las elites iberoamericanas como un poder blando de la máxima trascendencia.

Chile es una nación oceánica y antártica. Su mar patrimonial, casi cinco veces su territorio continental, es fuente de soberanía, energía y alimentos para un mundo que envejece. El control efectivo de los espacios marítimos, la protección de los recursos pesqueros y la consolidación de una política antártica moderna son tareas inaplazables.

Sin embargo, ninguna proyección exterior será sostenible si el país continúa despoblando sus fronteras, debilitando su cohesión interna o cuestionando su modelo de desarrollo cada cuatro años. Una política exterior moderna requiere de una política de desarrollo territorial que promueva infraestructura crítica, inversión y oportunidades en los márgenes del Estado. Soberanía y desarrollo son conceptos inseparables.

Recuperar dirección y propósito de nuestra política exterior exige una diplomacia que combine realismo con ambición, coherencia con visión. Una política exterior que defienda la soberanía, promueva el desarrollo y coloque al territorio en el centro de su acción.

Por Teodoro Ribera, rector Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores