SEÑOR DIRECTOR:
En el nuevo acuerdo político para una nueva Constitución, los expertos son centrales. Se deposita en ellos la esperanza y responsabilidad de destrabar el proceso, dada su legitimidad como poseedores de conocimiento técnico y capacidad de generar acuerdos que crucen colores políticos.
No obstante, su definición y selección es en sí misma una pugna. No basta con acreditar títulos académicos, experiencia técnica y/o política; hubo bastante de esto en la Convención anterior. El estatus de experto depende en gran medida de ocupar un lugar en redes que permiten a ciertos individuos posicionarse como tales.
Así, la definición del término en el acuerdo -resumida en los atributos de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”- no solo es poco precisa, sino que invita a la pregunta de quién posee en estos días de polarización política aquel estatus “indiscutiblemente”. En el fondo, aquel término alberga la esperanza de superar a la política.
Además, la condición de experto puede fácilmente reproducir las desigualdades geográficas, de clase, género y raciales que permean el sistema educacional chileno desde la cuna. Podrían fácilmente terminar siendo mayoritariamente hombres, provenientes de un puñado de universidades y colegios de Santiago, con ciertos apellidos. De allí que no sería sorprendente que su elección enrede el proceso constitucional.
También es necesario preguntarse si es justo pedirles que superen las trabas políticas que empantanaron el proceso anterior o las que llevaron a la crisis de legitimidad que le dio origen. Basta recordar que fue una “comisión de expertos” la que autorizó el alza del pasaje de Metro en 2019.
Roxana Chiappa
Universidad de Tarapacá
Marcos González Hernando
Universidad Diego Portales
Luis Garrido
Universidad de Chile
Investigadores COES
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