En 2023, el ministro de Hacienda de la época afirmó que Chile tenía “probablemente la mejor directora de Presupuestos de la historia”. La propia directora aseguró recientemente que “este gobierno ha sido muy exitoso en la contención del gasto”. Al finalizar el período, corresponde contrastar esas afirmaciones con los informes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo independiente encargado de velar por la responsabilidad fiscal.

El primer dato es categórico: Chile se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE). Tras los desvíos de 2023 y 2024, el CFA habla de un “cuadro de estrés fiscal prolongado”. En 2024, el déficit estructural llegó a –3,3% del PIB, frente a una meta de –1,9%, una desviación excepcional en un año sin crisis.

Tampoco el superávit de 2022 prueba una gestión sobresaliente. Este no respondió a una estrategia deliberada de la actual administración, sino al efecto mecánico del presupuesto aprobado por el gobierno anterior y, sobre todo, al retiro de las medidas transitorias y extraordinarias implementadas durante la pandemia —incluido el término del IFE y de otras transferencias masivas—, lo que generó una fuerte caída del gasto ese año. Este resultado estuvo influido además por ingresos transitorios elevadamente altos.

La formulación presupuestaria también exhibe problemas. En el Presupuesto 2025, la Dipres mantuvo proyecciones de ingresos que no se ajustaron pese a advertencias del CFA, lo que llevó a aprobar un gasto no financiable y luego forzar correcciones. Nada indica que el Presupuesto 2026, recién aprobado, esté libre de ese riesgo.

A ello se suma la rápida alza de la deuda pública, hoy cercana al nivel prudente de 45% del PIB. El CFA atribuye esta trayectoria a la “persistencia de déficits estructurales” y proyecta una probabilidad cercana al 50% de superar ese umbral hacia 2027. El principal colchón de liquidez, el FEES, cayó desde un promedio histórico de 5,1% del PIB a solo 1,2% en 2024, nivel similar al mínimo de la pandemia. La gravedad de esta tendencia se acentúa al considerar que ninguno de estos años estuvo marcado por eventos extraordinarios que pudieran justificar un relajamiento de la disciplina fiscal.

El comportamiento del gasto tampoco respalda la idea de contención exitosa. El gasto corriente creció 2,6% real en los primeros ocho meses de 2025, frente a una proyección de apenas 0,2%. Para cumplirla, habría sido necesario reducirlo en 4,7% entre septiembre y diciembre: algo inverosímil. Aunque el crecimiento real del gasto pasó de 4,8% anual entre 2010 y 2019 a alrededor de 2,4% en el último trienio, este ajuste cuantitativo no ha sido suficiente para cumplir de manera consistente la regla fiscal y así preservar el espacio fiscal para enfrentar futuras crisis.

A ello se suma un relajamiento reiterado de las metas de BE, práctica que el CFA considera sistemática y que traslada el ajuste a gobiernos futuros, debilitando la credibilidad de la institucionalidad fiscal. En conjunto, los informes del CFA describen un escenario muy distinto al mensaje oficial: tres años de incumplimientos, caída histórica del FEES, deuda al borde del límite prudente, ingresos sobrestimados y pérdida de control del gasto corriente, todo en ausencia de crisis. En este contexto, la afirmación de que Chile tuvo “la mejor Dipres de la historia” carece de sustento. La próxima administración heredará una institucionalidad fiscal debilitada y el desafío urgente de recomponerla.

*El autor de la columna es decano de la Facultad de Administración y Economía UDP.