La insistencia en la “moderación” como virtud política se ha convertido, en el Chile de hoy, en una excusa cómoda para posponer decisiones difíciles que podrían perjudicar las posibilidades electorales, más que en una genuina estrategia de progreso. La moderación no es sinónimo de prudencia: demasiadas veces, es sinónimo de inmovilidad. Nuestro país necesita políticas públicas ambiciosas y racionales -algunas de ellas impopulares a corto plazo- que reordenen las prioridades y propendan a un crecimiento inclusivo y sustentable. Evitar esa discusión bajo el manto de la moderación equivale a eludir la responsabilidad de gobernar.

Algunas sugerencias. La gratuidad universal ha demostrado ser costosa, desastrosa y poco focalizada: transfiere recursos significativos a sectores de ingresos medios y altos, no ha mejorado la calidad, ha aumentado la segregación y ha desfinanciado las universidades. Eliminarla implica rediseñar el financiamiento para priorizar la calidad, la equidad y el mérito, destinando recursos a nuevo crédito con aval del Estado y al fortalecimiento de universidades e institutos que realmente elevan las competencias productivas.

La crisis de capital humano en el ámbito escolar requiere medidas drásticas: faltan profesores bien formados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Traer talento docente del extranjero no es una solución milagrosa, pero sí una palanca que puede romper cuellos de botella en el ámbito formativo. Programas intensivos de reclutamiento internacional, incentivos para la atracción y la retención, y convalidación ágil de títulos fortalecerían aulas y elevarían el nivel de formación técnica y científica de las nuevas generaciones.

En salud, la fragmentación actual genera desigualdades y duplicidades. Avanzar hacia seguros de salud universales, integrados y competitivos —con un piso mínimo de cobertura garantizado por el Estado y la posibilidad de complementarlos con seguros privados— sería una reforma necesaria. Un sistema así permitiría una mejor diversificación del riesgo y reduciría los costos sin sacrificar la libertad de elección.

También urge una reforma del sistema electoral y de los partidos políticos. La desafección ciudadana y la fragmentación política son, en parte, producto de reglas que favorecen la representación clientelar. Reformas que simplifiquen la representación y eviten la fragmentación, fomenten la responsabilidad partidaria y faciliten la competencia programática obligarían a los partidos a presentarse con propuestas claras y a asumir los costos políticos de implementarlas.

La seguridad pública exige reformas contundentes. No bastan promesas; hace falta desarrollar una inteligencia policial moderna y profesionalizada, crear unidades especializadas capaces de responder con eficacia a brotes de violencia y reorganizar y reasignar recursos y personal de las Fuerzas Armadas hacia estas labores allí donde la capacidad policial sea insuficiente. El sistema carcelario reclama una transformación: procedimientos penales más eficaces, sanciones que desincentiven la reincidencia, programas de rehabilitación y reinserción contrastables, y garantías procesales que preserven derechos sin convertir las prisiones en centros de reproducción del crimen.

Se requiere una reforma tributaria que aumente la base imponible del impuesto a la renta, rebaje el impuesto corporativo, desmantele los beneficios tributarios para las pymes, etc. Todo ello con el fin de aumentar, inversión, competencia, y eficiencia productiva. No se deben subsidiar empresas para que sobrevivan a la competencia. Junto con ello, necesitamos modernizar el Estado, terminar con la “permisología” y la corrupción, como las licencias médicas falsas, y con la evasión tributaria y otras formas de fraude, como el no pago en el Transantiago.

Por último, la idea de que la moderación preserva la paz social es una falacia cuando lo que se posterga son reformas que corrigen injusticias y fallas sistémicas. La postergación genera frustración, erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la polarización. Mejor es un debate honesto: reconocer los costos transitorios, explicar los beneficios futuros y diseñar políticas compensatorias para los más afectados en el corto plazo. Gobernar implica tomar hoy decisiones incómodas e impopulares para corregir los errores del pasado e innovar en políticas públicas, y así cosechar mañana prosperidad y cohesión social.

Por Felipe Balmaceda, IPE-UNAB.