El gobierno ha decidido promover a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. La pregunta que debiéramos hacernos al respecto no es si ella tiene trayectoria internacional -la tiene-, tampoco si sería un hito que una chilena accediera a este sitial de visibilidad internacional -lo sería-, sino si su desempeño político y su marco de ideas justifican que Chile impulse su nombre para encabezar el principal organismo multilateral del mundo.

La respuesta, mirando con honestidad sus gobiernos -especialmente el segundo, donde Bachelet intentó hacer lo que realmente quería-, es incómoda pero clara.

Entre 2014 y 2018, Chile experimentó un ciclo de reformas ambiciosas, mal diseñadas y peor ejecutadas. Bajo la promesa de mayor igualdad y justicia social, se impulsaron cambios estructurales en educación, tributación, trabajo y política institucional que terminaron debilitando el crecimiento, erosionando la confianza y entregando el peor resultado económico de los últimos 35 años.

El problema no fue solo de implementación. Fue, sobre todo, de ideas. Primó una visión que desconfiaba del crecimiento económico, relativizaba la inversión privada y asumía que el desarrollo podía imponerse por decreto. Las consecuencias están a la vista: caída sostenida de la inversión, reducción del crecimiento, estancamiento del empleo y un clima de incertidumbre que Chile aún no logra revertir.

En educación, se sacrificó calidad y libertad en nombre de consignas. En tributación, se aprobó una reforma que hizo más complejo el sistema, afectó a las pymes y recaudó menos de lo esperado. En el ámbito laboral, se rigidizó el mercado sin mejorar sustantivamente la protección de los trabajadores. Y en lo político, se debilitó la credibilidad de las instituciones, abriendo paso a una polarización que ha dañado gravemente el funcionamiento del sistema.

¿Es este el legado que Chile quiere proyectar al mundo? ¿Tiene sentido promover para la Secretaría General de la ONU a una figura directamente responsable de un ciclo de reformas que fracasaron en sus propios objetivos y cuyos costos aún seguimos -y seguiremos- pagando?

La ONU atraviesa hoy una profunda crisis de legitimidad y eficacia. Requiere liderazgo, capacidad de gestión, realismo político y una comprensión lúcida de cómo las buenas intenciones pueden producir malos resultados si no están ancladas en propuestas sólidas. No basta con un discurso bienintencionado ni con credenciales simbólicas.

Promover a alguien que encabezó un gobierno marcado por improvisación, resultados mediocres y un deterioro evidente de indicadores clave no fortalece la posición internacional de Chile. Exportar liderazgos también implica exportar ideas. Y la pregunta de fondo es obvia: ¿queremos que Chile sea visto como el país que propone al mundo un conjunto de políticas que, en casa, demostraron ser un fracaso?

A veces, la mejor contribución internacional es la honestidad con la propia historia reciente.

Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, Universidad de los Andes