A solo cuatro meses de haber asumido, el Presidente peruano logró superar la semana pasada el pedido de vacancia del cargo por incapacidad moral presentada con el respaldo de 43 legisladores de oposición. La medida argumentaba el uso ilegal de fondos del gobierno de la provincia de Junín -bajo control del partido oficialista- para la campaña presidencial de este año; la designación de funcionarios acusados de apología al terrorismo, y tráfico de influencias en el ascenso de efectivos de las Fuerzas Armadas, entre otras razones. Acusaciones a las que se sumaron luego las denuncias de un conocido programa periodístico sobre reuniones secretas de Castillo en su residencia particular que violarían las normas de transparencia que rigen para la Presidencia.

Tras una serie de gestiones políticas de último minuto, el Mandatario logró evitar que la oposición sumara los 52 votos necesarios para darle curso al proceso, que para concretarse habría requerido del voto afirmativo de 87 de los 130 legisladores. Pero pese a ello -y al margen de la pertinencia de las acusaciones contra Castillo-, el episodio volvió a dejar en evidencia la grave descomposición que enfrenta el sistema político peruano, que ha convertido los procesos de vacancia -concebidos dentro de la Constitución de ese país como un recurso de ultima ratio- en una herramienta recurrente dentro del juego político. Solo en los últimos cinco años al menos tres congresos distintos han presentado, en cinco ocasiones, solicitudes de vacancia y en dos de ellas terminaron con la salida del Presidente, ya sea por renuncia o destitución.

El último caso, además, dejó instaladas varias interrogantes sobre el futuro político institucional en ese país. Muchos preveían que tras el estrecho resultado electoral, la fragmentación del Congreso y la profunda polarización de la sociedad peruana, el actual Presidente enfrentaría un serio desafío de gobernabilidad. Pero el hecho de que el primer intento de destitución se produjera a menos de 140 días de que éste asumiera deja en evidencia el frágil equilibrio que sostiene al gobierno e instala la duda sobre si logrará cumplir sus cinco años de mandato. Más aún considerando que incluso el partido oficialista estuvo dividido hasta último momento ante la eventual vacancia y obligó al Mandatario a negociar con los sectores más radicales, liderados por Vladimir Cerrón.

La crisis da cuenta, por ello, de un problema estructural que va más allá de acusaciones puntuales contra un Mandatario -los procesos de vacancia han afectado tanto a presidentes de centroderecha, como Pedro Pablo Kuczynski, y de izquierda, como el propio Castillo. En la base se encuentra un sistema político y electoral que ha favorecido la fragmentación, minado la confianza en los partidos y potenciado el enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. Por ello, en momentos en que en Chile se discute una nueva Constitución y el régimen político que se adoptará, es importante tener a la vista el caso peruano. Cualquier diseño institucional futuro debe favorecer un sistema que, asegurando los necesarios contrapesos y división de poderes, posibilite el adecuado ejercicio del poder y entregue estabilidad.