Es probable que esta temporada de invierno termine entre las más secas y calurosas de las que se tengan registro, confirmando que la megasequía que afecta principalmente a la zona central del país -y que ya se extiende por más de una década-, solo parece empeorar. Los fenómenos climáticos extremos que se observan en el hemisferio norte -con temperaturas sin precedentes en zonas incluso cercanas al ártico, aluviones o megaincendios forestales- confirman que los efectos del cambio climático se agudizan cada vez más.
Los modelos climatológicos para el caso chileno son poco auspiciosos. Todos ellos coinciden en que la falta de precipitaciones y el aumento de las temperaturas serán la condición dominante sobre todo en la zona central, lo que provocará impactos en el modo de vida y también en las actividades productivas. Estudios internacionales revelan que en dos décadas más Chile podría estar entre los 30 países con mayor estrés hídrico, lo que sugiere que la sequía está dejando de ser un fenómeno pasajero, para establecerse ya como una condición permanente.
Con facilidad de olvida que cientos de miles de personas deben ser actualmente abastecidas por camiones aljibes, ya sea porque aún hay sectores sin acceso al agua potable, o porque las localidades se han quedado sin agua. Alrededor de un tercio de las comunas del país han sido objeto de decretos de escasez hídrica en el último tiempo, mientras que en la zona norte se ha reportado la muerte de miles de animales por falta de agua. Conforme el fenómeno se vaya agudizando, y avance la desertificación, es previsible que se comenzarán a registrar desplazamientos poblacionales, y ciertas actividades productivas desaparezcan o experimenten cambios profundos.
No cabe duda, la sequía es desde ya la principal amenaza que enfrenta el país, pero ello todavía no parece haber sido aquilatado ni por la sociedad, pero tampoco por el sistema político, cuyas preocupaciones claramente parecen ser otras, en particular la propiedad sobre los derechos de agua. La nueva realidad exige capacidad para elevar la mirada y actuar en consonancia, porque tanto la crisis social como la pandemia -que han sido el foco de la atención en los dos últimos años- en algún momento serán superadas, pero en cambio la escasez de agua seguirá con nosotros, y mientras más se tarde en asimilarlo, más costará hacerle frente en el futuro.
El país debe empezar a anticiparse a ello, y ciertamente uno de los grandes riesgos es que no exista capacidad para pensar en soluciones eficientes, precipitándose una vez más en medidas populistas o alejadas de la realidad. Desde luego, será fundamental cambiar los hábitos de la población, acostumbrada a disponer ilimitadamente de agua y por lo mismo a despilfarrarla. Por ahora las grandes ciudades no han tenido problemas de abastecimiento, pero las empresas sanitarias han advertido que en varios casos han debido gestionar el recurso hídrico para asegurar su disponibilidad, lo que ha llevado a invertir cuantiosos recursos.
Los sectores productivos inevitablemente deberán hacerse más eficientes en el uso de este recurso. El agro ocupa algo más del 70% del agua disponible, mientras que la minería del orden del 4%. Los sistemas de riesgo tecnificado deberán masificarse, y es un hecho que la gran minería deberá apostar fuertemente por utilizar agua desalada, que ya representa alrededor de un tercio de todo el recurso que ocupa. Siendo Chile un país bañado por el mar, las plantas de desalinización deberán masificarse para abastecer empresas, pero también necesidades de la población. Dichas plantas se concentran sobre todo en la zona norte, y existen algo más de 30 en operaciones, mientras que unas 15 están en etapa de proyecto o en construcción, lo que si bien es valioso, debería multiplicarse. Fundamental será también agilizar la construcción de embalses -cuyo desarrollo toma mucho tiempo-, así como masificar tecnologías que permitan infiltrar acuíferos, y la reutilización de las llamadas aguas grises.
Al ritmo que hoy se va, es previsible que la generación hidroeléctrica se reduzca a una mínima proporción, lo que obligará a contar con nuevos tipos de suministro. En tal sentido, es destacable el notable avance en el uso de energías renovables no convencionales, pero todavía se ve lejano que se pueda prescindir de grandes generadoras. El país no puede imponerse exigencias que pongan en riesgo su desarrollo, lo que obliga a revisar con realismo las exigentes metas de descarbonización, que antes del 2025 prevén sacar del sistema a una serie de generadoras que utilizan este combustible. Dicha meta debe ser cotejada en función del menor aporte de la hidroelectricidad.
Frente a la magnitud del desafío, cunde la sensación de que estamos atrasados. Hay diagnósticos útiles que sirven como punto de partida, como el informe de la comisión asesora presidencial del agua, y los esfuerzos del Ministerio de Obras Públicas por volver a posicionar en la agenda el tema de la escasez hídrica. Pero se requiere un diagnóstico mucho más transversal, que ponga a la sequía y sus efectos como prioridad nacional y siente una política que trascienda gobiernos. En tal sentido, es desalentador que en la actual carrera presidencial poco o nada se haya escuchado sobre este tema.
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