El número sale en todos los titulares. En el trimestre enero-marzo de 2026, la tasa de desocupación en Chile alcanzó un 8,9%. Se compara con el trimestre anterior, se celebran o se lamentan los cambios marginales. Pero lo cierto es que no profundizamos en las cifras, ni en lo que ellas omiten. En el caso del desempleo, el índice describe muy poco y oculta demasiado.

La tasa de desempleo, tal como se reporta habitualmente, mide cuántas personas buscan trabajo y no lo encuentran. Es una fotografía parcial de un fenómeno mucho más complejo. Por ejemplo, la cifra excluye a quienes dejaron de buscar porque se desalentaron o “tiraron la toalla”. Descarta también a quienes trabajan cuatro horas a la semana y los cuenta como “ocupados”. Descarta también a quienes tienen empleo informal, sin cotizaciones, sin contrato, sin red de protección. Cuando el INE incorpora estas dimensiones —en lo que llama la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial—, la cifra sube al 17,3%, más del doble de lo que aparece en muchos titulares. Esto no es un matiz técnico, sino la cruda realidad económica y social que enfrenta Chile.

Además, dicha realidad no se distribuye de forma pareja. Mientras los hombres tienen una tasa de ocupación del 65,8%, las mujeres alcanzan solo un 48,3%. Estos casi veinte puntos de diferencia no aparecen cuando se habla de desempleo. En la misma línea, según las últimas cifras, los trabajadores entre 18 y 34 años vieron reducirse el número de ocupados en más de 112 mil personas en un año. La informalidad tampoco se distribuye de manera homogénea, ya que supera el 50% en trabajadores menores de 20 años; de hecho, apenas el 21,5% de la población joven tiene un empleo protegido. Insisto: estos no son datos marginales, sino la experiencia concreta de cientos de miles de personas que, desde los indicadores agregados, simplemente no se ven.

El vínculo del desempleo con la falta de inversión no es casual ni indirecto. La Formación Bruta de Capital Fijo fue negativa tanto en 2023 como en 2024, mientras que la tasa de crecimiento de la inversión cayó de cerca del 9% anual en la década 2000-2009 a un 4% en la siguiente. Esa caída sostenida no destruye empleo de manera uniforme. Lo hace primero con quienes tienen menos barreras de salida: los trabajadores de sectores más expuestos, los jóvenes sin experiencia acumulada, las mujeres en empleos de menor protección. Desde el punto de vista socioeconómico, entre noviembre de 2022 y agosto de 2024, se perdieron 252 mil empleos formales, concentrados en los segmentos de ingresos más bajos. Si la inversión no llega, el empleo de calidad se desplaza hacia la informalidad, o, directamente, a la inactividad.

Se dirá que la economía ha mostrado señales de recuperación, que las expectativas de empresas y hogares han repuntado y que el catastro de la Corporación de Bienes de Capital reforzó perspectivas de mayores inversiones en grandes proyectos. Eso es verdad, pero hay una diferencia crucial entre la inversión minera —que crece y que impulsa indicadores agregados— y la inversión en el resto de la economía, que sigue plana. Persiste una diferencia importante en el dinamismo de la inversión entre el sector minero y el resto de la economía. Es necesario generar condiciones para invertir en otras industrias, pues solo así podremos resolver el problema de los 112 mil jóvenes que perdieron su empleo el último año, además de la necesidad de generar mayor trabajo formal y de calidad para mujeres y especialmente personas adultas que han perdido su empleo o requieren reconversión laboral.

La trampa de los promedios no es solo técnica, sino profundamente social. El empleo es la mejor política social. No podemos seguir hablando del desempleo como si fuera un fenómeno homogéneo, pues impacta de manera diferente a diversos grupos. En ese contexto, la formación de capital humano también ocupa un lugar clave, donde debemos asegurar que más personas cuenten con las competencias y herramientas que hoy demandan los distintos sectores productivos y los cambios del mercado laboral. El costo de la desinversión lo absorben quienes tienen menos herramientas para resistirlo. Esto merece un debate más preciso, y una urgencia que el 8,9% no transmite.

Por Lucas Palacios Covarrubias, Rector INACAP