Por Robert Muggah, cofundador y director de investigación del Instituto Igarapé, un centro de estudios de referencia en Brasil. También es cofundador de SecDev Group y SecDev Foundation, grupos de seguridad digital y análisis de riesgos con alcance global. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Una reciente llamada telefónica entre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, se presentó públicamente como una rutina diplomática. No lo fue. El tema central, según funcionarios en Brasilia, era si la administración Trump tiene la intención de designar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) de Brasil como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE). Brasil resistió una presión similar el año pasado. La presión ha regresado, y es más intensa.

Washington presentará cualquier designación de este tipo como una medida antinarcóticos. Este planteamiento no es erróneo. El PCC y el CV son dos de las organizaciones criminales más poderosas del país, fundamentales para el narcotráfico, el control territorial y la violencia extrema, no solo dentro de Brasil, sino en toda América Latina, África, Europa y más allá.

Sin embargo, la designación tendría consecuencias adicionales que van mucho más allá de la aplicación de la ley. Podría alterar el contexto legal y diplomático en el que Brasil gestiona su propia seguridad, al tiempo que extendería el alcance de las sanciones estadounidenses, la presión de la fiscalía y el cumplimiento financiero a la economía brasileña. De hecho, podría tener consecuencias más graves para otros actores, como bancos, empresas y políticos brasileños, que para las propias bandas.

Los límites de la designación

El PCC y el CV son formidables en todos los sentidos. Fiscales e investigadores brasileños describen al PCC como la organización criminal más grande y transnacional del país, profundamente arraigada en el tráfico de cocaína hacia Europa, con sofisticadas estructuras de lavado de dinero, cadenas de mando en las cárceles y alianzas internacionales, incluyendo con la ‘Ndrangheta italiana. El CV, la facción criminal más antigua de Brasil, ha ejercido control territorial en las favelas de Río de Janeiro durante décadas y fue el objetivo de la operación policial más letal del país en octubre de 2025.

Lo que no está tan claro es si la designación como OTE debilita ría significativamente a alguno de los dos grupos. Sus defensores argumentan que crea herramientas legales más sólidas, aumenta los costos para los intermediarios criminales y profundiza la cooperación de inteligencia. Hay algo de cierto en esto. Sin embargo, ambas organizaciones han demostrado una sofisticación inusual, adaptándose repetidamente a la presión mediante la fragmentación de operaciones, la expansión de empresas fachada y la penetración cada vez mayor en canales financieros opacos.

El resultado más probable no es el colapso, sino la adaptación. La designación podría acelerar precisamente la sofisticación que busca contrarrestar, impulsando más transacciones canalizadas a través de criptomonedas y lavado de dinero basado en el comercio, profundizando la penetración en sectores legítimos e incrementando la inversión en la captura del Estado como garantía contra la aplicación de la ley. Otros países donde se ha designado a bandas de narcotraficantes como OTE, como México, Colombia y Haití, no han experimentado una disminución sustancial de la violencia.

De hecho, el PCC que surja de esta presión podría ser más ágil, más difícil de rastrear y más resistente que el que entró en ella. La designación no es irrelevante. Pero sus efectos prácticos podrían recaer tanto sobre el entorno legal y financiero que rodea a estos grupos como sobre los propios grupos.

Un instrumento geopolítico con otro nombre

La administración Trump se ha mostrado más dispuesta que sus predecesoras a designar como organizaciones terroristas a carteles y pandillas en América. Este patrón es significativo. Independientemente de la lógica antidrogas, el efecto acumulativo es redefinir el crimen organizado en el hemisferio a través de la lente del antiterrorismo, alineando la gobernanza criminal con la postura estratégica más amplia de Washington en la región.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 vincula esta postura con la debilidad estatal, la influencia externa y la expansión del poder e influencia chinos. En otras palabras, la geopolítica forma parte explícita de la política.

La dimensión política interna en Brasil agudiza esta interpretación. Trump impuso aranceles y sanciones a Brasil en julio de 2025 en un intento por ayudar a su aliado político, el expresidente Jair Bolsonaro. Si bien Trump redujo estas medidas a finales del año pasado tras su fracaso, es posible que aún busque influir en la política brasileña de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, ha presionado activamente a Washington para que se le asigne la designación de OTE. Esta designación le daría a la derecha brasileña -con Flávio Bolsonaro, otro hijo, ahora candidato presidencial- una poderosa arma en la campaña de 2026, en la que los votantes han identificado la seguridad como uno de los temas prioritarios.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a una difícil decisión: aceptar la designación y parecer sumiso a Washington, o resistirse y ser tachado de indulgente con el narcoterrorismo. En cualquier caso, las condiciones de la contienda se están definiendo en parte fuera de Brasil. Funcionarios en Brasilia lo califican de injerencia en un proceso electoral soberano.

Mientras tanto, Brasilia ha estado observando con atención y considerable alarma la estrategia estadounidense en Venezuela. Observan una secuencia familiar: designar a grupos como narcoterroristas, imponer sanciones financieras y luego actuar. El Cartel de los Soles fue catalogado como OTE a finales de 2025 en medio de la escalada de ataques navales contra embarcaciones venezolanas sospechosas de narcotráfico. En enero de 2026, las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Lula lo condenó como una transgresión inaceptable. No fue el único.

Brasil no es Venezuela. Su economía es mucho mayor, sus instituciones más sólidas y su integración en las finanzas globales mucho más profunda. Una acción militar directa de Estados Unidos no es un escenario serio. Sin embargo, la comparación es relevante a nivel de marco legal y señal política. Una vez que una organización es designada, las autoridades estadounidenses cuentan con mayor fundamento para imponer sanciones, investigar su apoyo material y recopilar información de inteligencia contra personas o entidades presuntamente vinculadas a dicha organización, siempre que esos vínculos afecten a Estados Unidos o al sistema de compensación de dólares. Washington no necesita desplegar tropas sobre el terreno para transformar el entorno operativo de un aliado soberano.

El sistema financiero en el punto de mira

Las consecuencias económicas de la designación pueden ser los riesgos más significativos -y menos valorados- en juego.

Proporcionar apoyo material a sabiendas a una organización delictiva extranjera conlleva sanciones penales según la legislación estadounidense. Sin embargo, para la mayoría de las empresas brasileñas, la mayor exposición reside en el régimen de sanciones que suele acompañar a dicha designación. En casos recientes de carteles, la administración Trump ha vinculado la designación como OTE con sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 13224. Cuando existe una conexión con Estados Unidos -compensación de dólares, activos estadounidenses, personas estadounidenses o transacciones a través del sistema financiero estadounidense-, las empresas que nunca hayan tratado a sabiendas con un grupo criminal podrían enfrentarse a investigaciones, riesgo de bloqueo de activos o costosas medidas de cumplimiento si realizaron transacciones con un intermediario que posteriormente se alegue que está vinculado a una red sancionada. Alegar desconocimiento puede ofrecer una protección limitada si las autoridades estadounidenses concluyen que se ignoraron las señales de alerta.

La magnitud de esta exposición no se puede ignorar fácilmente. Las autoridades fiscales federales brasileñas han vinculado al PCC, por sí solo, a un estimado de 52 mil millones de reales (10 mil millones de dólares) en fondos de inversión y activos en los sectores agroindustrial, de la construcción, la logística y el inmobiliario, todos ellos pilares de la economía brasileña. Cualquier empresa que utilice contratistas vinculados al PCC, transporte mercancías a través de corredores controlados u opere en mercados donde el crimen organizado actúa como arrendador y proveedor de protección podría ser objeto de escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses, los bancos corresponsales, los inversionistas y los litigantes civiles en virtud de la legislación antiterrorista de Estados Unidos.

Las implicaciones para la banca corresponsal son particularmente graves. Brasil depende en gran medida de la compensación en dólares y de los canales financieros vinculados a Estados Unidos para el comercio, la inversión y el servicio de la deuda. Latinoamérica experimentó un drástico ciclo de reducción de riesgos cuando las relaciones bancarias corresponsales disminuyeron aproximadamente un 30 % entre 2011 y 2018. Una designación como organización terrorista que abarque a las organizaciones criminales más poderosas de Brasil no necesariamente reproduciría ese impacto por completo, pero podría desencadenar una nueva ronda de cautela entre las instituciones financieras vinculadas a Estados Unidos. Esto podría traducirse en transacciones más lentas, mayores costos de cumplimiento, una debida diligencia más intrusiva y una mayor fricción para todas las empresas brasileñas que realizan negocios internacionales.

El precedente de países donde Washington ya ha aplicado la designación de OTE ofrece una clara advertencia. Cuando Washington designó a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025, las primeras víctimas no fueron los grupos criminales, sino los departamentos de cumplimiento normativo de las instituciones financieras. La FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) redujo los umbrales de declaración de efectivo a 200 dólares en algunas zonas de la región fronteriza y posteriormente tomó medidas contra tres bancos mexicanos, lo que demuestra la rapidez con la que la designación de OTE repercute en la banca corresponsal, los pagos y las finanzas transfronterizas.

Para las empresas brasileñas con operaciones en EE.UU., pasivos en dólares, inversores estadounidenses o cadenas de suministro transfronterizas, esto no es una abstracción diplomática. Es una cuestión de cumplimiento normativo real. Las revisiones de contrapartes, las verificaciones de beneficiarios finales y el acceso a asesoría en materia de sanciones deben estar en marcha antes de que se formalice cualquier designación. Las empresas que mejor superen esta situación serán aquellas cuyos sistemas de cumplimiento normativo sean creíbles antes de que llegue la presión, no las que se implementen apresuradamente una vez que esta llegue.

Designar al PCC y al CV como organizaciones terroristas extranjeras no resolvería el problema del crimen organizado en Brasil. Esto crearía nuevos instrumentos de presión, pero también nueva incertidumbre jurídica, mayores costos de cumplimiento y tensiones diplomáticas. Si bien la justificación para la designación es clara, la medida ampliaría la influencia de Estados Unidos sobre Brasil y complicaría la vida de diversos actores, incluido el sector privado, de forma más previsible que debilitando a los propios grupos criminales.